La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar si la información entregada por autoridades suizas en el caso Odebrecht debe ser sometida a control judicial y, en consecuencia, si puede ser utilizada o no en el proceso que enfrenta por este asunto el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el máximo tribunal revise este asunto, pues busca que esta información se admita como prueba en el proceso penal contra el ex funcionario.
La pregunta que se plantea a la Corte es si la información obtenida bajo el Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza debe ser sometida a control judicial para poder incorporarse a un proceso penal como medio de prueba, a pesar de que en dicho tratado se prevé que los documentos expedientes o declaraciones transmitidos por la autoridad central del estado requerido, se aceptarán como medios de prueba sin necesidad de otra formalidad.
FGR pidió a la SCJN atraer el caso
Esta información entregada por las autoridades suizas a las mexicanas es en materia financiera y fue excluida porque no fue obtenida mediante una orden judicial.
La FGR, a través de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos, pidió a la Corte atraer el caso. El 24 de septiembre de 2023, la acusó conductas indebidas de jueces y magistrados para favorecer a Lozoya, esto luego de que se excluyeron las pruebas financieras aportadas por Suiza y Brasil.
“Los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio “L”, y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales”, indicó la Fiscalía en 2023.