La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó una presunta red que operó entre 2014 y 2023 usando prestanombres y facturación simulada; la UIF ya congeló cuentas de 40 personas físicas y morales.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó sobre el avance de las investigaciones en torno a una red de empresas que habrían desviado más de 2 mil millones de pesos de organismos electorales entre 2014 y 2023. De acuerdo con la funcionaria, el esquema involucra a personas físicas y morales que operaban mediante la emisión de facturas y el uso de prestanombres para ocultar al beneficiario final de los recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera, conocida como UIF, ha iniciado acciones legales que incluyen la inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a 15 personas morales y 25 personas físicas vinculadas a este caso. La secretaria explicó que el proceso de rastreo es complejo debido a la naturaleza de las operaciones detectadas, las cuales presentan indicadores financieros asociados a actividades ilícitas.
Son investigaciones en proceso, de hecho, la UIF también anunció que ya hizo inmovilización de varias cuentas, tanto de empresas como de 15 personas morales y 25 personas físicas. Esto nos habla del tamaño más o menos de la red y esa investigación que lleva la UIF es la que nos va diciendo que el beneficiario final estaba como escondido”
La funcionaria detalló que, al rastrear a los involucrados, se identificaron perfiles atípicos, incluyendo personas de avanzada edad o estudiantes cuyas actividades económicas no guardan relación con los giros comerciales de las empresas señaladas. Este comportamiento, según Buenrostro Sánchez, es característico de redes que utilizan identidades ajenas para operar.
Cuando la autoridad ya va sobre una empresa, lo que hacen es automáticamente la apagan, es decir, de repente ya deja de facturar, deja de tener operaciones y otra empresa que llevaba sin operaciones como 5 años, la prenden y empiezan a operar por otra empresa. Si la autoridad se va acercando a esta, la apagan y se van y prenden otra.”
Concentración de contratos en entidades federativas
El análisis de los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia permitió identificar que los recursos fueron asignados principalmente por organismos públicos locales electorales. Según la información expuesta, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo concentran la mayor cantidad de asignaciones, con montos de 570 millones, 314 millones y 203 millones de pesos, respectivamente.
No, sí tenemos los tres estados con mayor concentración en ese periodo es Veracruz, con 570 millones de pesos, Nuevo León, con 314, Hidalgo, con 203. Y como le decía, toda esta información salió de datos abiertos, de la Plataforma Nacional de Transparencia”
La secretaria señaló que, aunque existen antecedentes de irregularidades en años anteriores, la falta de comunicación entre las autoridades estatales y federales permitió que estas empresas continuaran obteniendo contratos. Actualmente, se trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de control y en la firma de convenios para evitar que proveedores inhabilitados en una entidad puedan participar en procesos de licitación en otras partes del país.
Si hay una empresa que se porta mal en Zacatecas y en Zacatecas inhabilitó, nosotros recibimos la información y ya podemos desinhabilitarla, digamos, o inhibir su participación en procedimientos a nivel federal. Pero eso es ya está más reciente. Digamos que ha evolucionado y se han ido blindando los procedimientos administrativos con el tiempo.”
