La imputación por desaparición forzada de personas en contra del exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, es por desviar las líneas de investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, obstaculizando su localización, y por la fabricación de la llamada “verdad histórica” con el uso de declaraciones obtenidas bajo tortura en contra de cuatro detenidos, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la audiencia inicial para procesar a Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia, la fiscal de la FGR que presentó el caso, Lidia Bustamante Vargas, advirtió que la detención de esas cuatro víctimas de tortura sirvió “para cuadrar” la llamada ‘verdad histórica’, la cual dicta que los estudiantes habían sido secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 septiembre del 2014, para posteriormente concentrarlos, asesinarlos e incinerarlos en el basurero de Cocula, arrojando las cenizas de los jóvenes normalistas al Río San Juan.
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Para la Fiscalía hay tres testimonios clave para imputar al exprocurador y exgobernador de Hidalgo por el “montaje” de la ‘verdad histórica’, uno de ellos es el rindió la entonces directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, quien habría realizado un sobrevuelo en helicóptero con Murilllo Karam la mañana del 27 de octubre del 2014 sobre el Río Cocula.
En su declaración ante la FGR rendida en diciembre del 2021, Mercedes Doretti, reveló que durante el sobrevuelo, Murillo Karam le adelantó que en el Río Cocula “muy probablemente” se iban a localizar restos de los 43 normalistas desaparecidos y que ya había algunos testigos que les iban a indicar donde se encontraban los citados restos.
En otras palabras, le adelantó parte de la llamada ‘verdad histórica’ del caso Ayotzinapa cuando los cuatro detenidos por la Secretaría de Marina-Armada de México, la madrugada del 27 de octubre del 2014 todavía no eran presentados ante un Ministerio Público Federal para que rindieran declaración formal de los hechos.
Los cuatro detenidos que mediante tortura fueron utlizados para la fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ fueron identificados durante la audiencia por la Fiscal Lidia Bustamante con las iniciales A.G.R, J.O.C, P.R.L y D.M.S., cuyos nombres corresponden a Agustín García Reyes, alias “El Chereje”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Darío Morales Sánchez, “El Comisario”.
De acuerdo con la Fiscalía, las conferencias que ofreció Murillo Karam durante los días 6 de octubre, 27 de octubre y 7 de noviembre, todas del 2014; así como la del 27 de enero del 2015, cuando se hizo oficial la llamada “verdad histórica”, son “autoincriminatorias#, ya que en ellas reconoce que él estaba al mando de la investigación; también informa que autorizó a Tomas Zerón a ser parte de las indagatorias y además da por válidas las actuaciones que se realizaron de forma ilegal en el caso de las cuatro personas que fueron torturadas para declararse como integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
Fabricaron evidencia para cuadrar ‘verdad histórica’
Un segundo testimonio que la FGR presentó para imputar la fabricación de la ‘verdad histórica’ es el que rindió la exministerio Público Federal adscrita a la Unidad Antisecuestros de la PGR, Erika Ramírez Ortiz, exservidora pública que se acogió a un criterio de oportunidad tras reconocer que para poder procesar a los cuatro detenidos que habrían sido torturados, se tuvieron que fabricar denuncias previas a su detención.
Según Ramírez Ortiz, el excoordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, les avisó el 27 de octubre del 2014 a las 4 de la tarde, cuando Murillo Karam iba a dar una de las las primeras conferencias sobre la llamada ‘verdad histórica’ que iban a llegar cuatro detenidos del caso Ayotzinapa y que era necesario “cuadrar” los hechos, por lo que pidió el favor de inventar una llamada anónima que involucrara a los cuatro detenidos en la desaparición de los estudiantes normalistas ocurrida un mes atrás.
Por lo tanto, el 27 de octubre del 2014 se falsificó un un reporte fechado el 25 de octubre de ese mismo año, en el cual otra funcionaria de la PGR, identificada como Brisa Amador, informaba que en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República se habría recibido una llamada anónima para reportar la participación de los cuatro detenidos y torturados en el caso Ayotzinapa.
De esta forma, se legitimó la puesta a disposición de los cuatro detenidos por la Marina ese 27 de octubre del 2014, a quienes se les tomaría su declaración ministerial hasta después de que Murillo Karam ofreciera la conferencia de prensa para anunciar los primeros avances del caso Iguala.
El tercer testimonio sobre la fabricación de la versión oficial sobre el caso Ayotzinapa que se emitió en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto es la del exsecretario particular del Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Bernardo Cano Muñozcano, quien también se acogió a un criterio de oportunidad tras reconocer que él mismo fue la persona que grabó las torturas a “El Pato”, “El Chereje”,”El Jona” y “El Comisario” para obligarlos a declarar sobre el caso Ayotzinapa.
Según Cano, el extitular de la República, Jesús Murillo Karam, fraguó la llamada “verdad histórica” en un cónclave de altos mandos de la Policía Federal y de la propia PGR, entre los que destaca el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Al presentar los datos de prueba para imputar el delito de tortura a Murillo Karam, la fiscal de FGR dijo que Bernardo Cano dio a conocer el encuentro que sostuvo Murillo Karam con “altos mandos” de la Policía Federal y de la propia Fiscalía el 7 de octubre del 2014 en Iguala, Guerrero, para “fraguar” la ‘verdad histórica’.
El encuentro habría sido ordenado por Murillo Karam y habría contado con la participación del excoordinador de la Unidad antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente prófugo; del exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; del exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; y del exdelegado de la PGR en el estado de Guerrero, José Luis Martínez Pérez, entre otros personajes de alto nivel.
Según las declaraciones de Cano Muñozcano, él estuvo presente en el arranque de este cónclave que sirvió para urdir el montaje de la llamada ‘verdad histórica’ entre los altos mandos de la PGR y otras instituciones, con el propósito de poner fin a las movilizaciones sociales que se desataron tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sin embargo, aclaró que cuando apenas comenzaba la reunión, llegó el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y les pidieron retirarse a los mandos medios y bajos, por lo que ya no pudo escuchar detalles de cómo se fraguó la versión oficial del gobierno anterior sobre estos hechos. Aguirre Rivero, según sus palabras, se habría quedado en el citado encuentro.
Por todo lo anterior, la Fiscal de la FGR, Lidia Bustamante, imputó a Murillo Karam haber autorizado, conocido, consentido y ocultado las torturas en contra de cuatro personas con el fin de desviar las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, de alterar y perturbar evidencia y de privilegiar sus intereses personales en lugar del acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas directas indirectas de este caso.
Así, tras un inicio muy titubeante de la Fiscal de la FGR, Lidia Bustamente sobre este caso, lo que incluso provocó una amenaza del Juez de Control, Marco Antonio Tapia Fuerte, de dar aviso a sus superiores jerárquicos, el impartidor de justicia dictó prisión preventiva justificada contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por posible riesgo de fuga en el proceso penal que se le sigue por los delitos de obstrucción a la justicia, desaparición forzada de personas y tortura en el caso Ayotzinapa.
La determinación del juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, se dio a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la asesoría jurídica de las cuatro personas torturadas y la representación legal de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Al conocer la determinación del juzgador federal, un azorado Murillo Karam soltó la frase “ha sido derrotada la presunción de inocencia”, mientras que sus abogados se mostraron sorprendidos por la determinación judicial.
El juez de la causa reaccionó ante el dicho del extitular de la PGR aclarando que “la presunción de inocencia se mantiene hasta que se dicta sentencia condenatoria en un juicio”, al tiempo que le pidió ser respetuoso mientras continúa el proceso penal.
Previamente, los abogados de Murillo Karam, Javier López García y Antonio López Ramírez, solicitaron un plazo de 144 horas para presentar pruebas de descargo a favor de Murillo Karam. De hecho, el propio exprocurador afirmó que cuenta con decenas de documentos oficiales que le van a servir para desacreditar la imputación de la Fiscalía.
Por lo tanto, el juez fijó para el próximo 23 de agosto a las 8 de la mañana la fecha para la audiencia de vinculación a proceso, es decir, para que en ese momento se tome la determinación si los datos de prueba presentados por la FGR contra Jesús Murillo Karam son suficientes para iniciarle un proceso penal al ex Procurador General de la República.
El arranque de la audiencia
La FGR presentó cuatro víctimas de tortura que señalan al exprocurador Jesús Murillo Karam como presunto responsable de los malos tratos y golpes que habrían recibido tras ser detenidos el 27 de octubre del 2014, en el marco de las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalidad de Ayotzinapa.
El pasado 20 de agosto, en el arranque de la audiencia inicial de la causa penal 307/2022, el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, solamente autorizó la participación de dos fiscales y un representante de las víctimas de tortura, a pesar de que ambas partes solicitaron incorporar al menos una persona más a los estrados.
Por parte de las víctimas indirectas, compareció el titular del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos (Centro ProDH), Santiago Aguirre, así como los padres de uno de los jóvenes desaparecidos.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa comparecieron en la sala de testigos protegidos.
Al no contar con un asesor jurídico junto a ellos, el juez de control ordenó al abogado Santiago Aguirre buscar a un abogado con cédula profesional para darles acompañamiento- El juez no aceptó que estuviera presente en la diligencia un psicólogo que les ha dado apoyo terapéutico a lo largo del proceso, debido a que carecía de cédula profesional para ejercer como abogado.
El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a que las víctimas de un delito estén acompañadas por un abogado durante las audiencias, por lo que fue necesario que se sumará otra litigante del Centro ProDH.
Debido a que los abogados Javier López García y Antonio López Ramírez, defensores de Murillo Karam, manifestaron no conocer los detalles de la carpeta de investigación, el juez de control decretó un primer receso para que ambos pudieran revisar el expediente y así conocer las posibles imputaciones consta Jesús Murillo Karam.
Jesús Murillo Karam, arribó al Reclusorio Norte a las 7:17 horas de la mañana del sábado 20 de agosto luego de ser detenido el viernes 19 de agosto en la colonia Lomas de Chapultepec.
Aclara FGR número de víctimas
En un principio, la abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Daniela Aguirre Luna, planteó que acudía en representación de seis víctimas de tortura a las que identificó solamente con sus iniciales.
Sin embargo, la FGR declaró en el desarrollo de la audiencia que aún cuando en la carpeta de investigación se encontraban los testimonios de seis víctimas de tortura, sólo se les otorgó la calidad de víctimas a las cuatro personas que fueron detenidas el 27 de octubre del 2014, mientras que las otras dos quedaron en calidad de testigos.
La confusión fue de tal magnitud que la propia abogada de los torturados solicitó a la Fiscalía aclarar este tema, por lo que pasó de representar seis víctimas de tortura en el arranque de la audiencia, a solo cuatro de ellas durante el desarrollo de la misma.
El arresto de Murillo Karam se dio un día después de que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentara un informe con conclusiones preliminares entre las que destaca que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado en el que concurrieron criminales de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Aristegui Noticias
