De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), una de cada tres denuncias por acoso y abuso sexual contra mujeres en dependencias federales provienen de servidoras públicas de instituciones educativas.
Sus agresores son directores, prefectos, docentes y auxiliares administrativos.
El 17 de febrero de 2020 entró en vigor el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Gobierno de México, un documento elaborado por la SFP, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación, en el que se establecen “procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales” en el gobierno federal.
A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2021, la SFP recibió 2 mil 125 quejas y denuncias por casos de abuso y hostigamiento sexual cometidos en diferentes dependencias del gobierno federal.
El 31.62 por ciento de esas quejas y denuncias, es decir, 679 casos, se concentran en 25 instituciones del sector educativo, mientras que el 23.67 por ciento, es decir 503, en institutos y hospitales del sector salud y el resto, en otras dependencias.
Sin embargo, sólo hay registro de 52 sanciones, es decir, del 2.4 por ciento de los casos denunciados.
De esas 52 sanciones, sólo seis corresponden a instituciones del sector educativo, en donde se han aplicado castigos menores, incluida una “amonestación”.
Las instituciones educativas que más quejas y denuncias ante la SFP concentran son la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX), la cual suma 225, seguida del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde se presentaron al menos 176 quejas y denuncias y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde hay registro de al menos 135.
Después están el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con 47 casos denunciados y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, la Coordinación de Becas Benito Juárez y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con 12 casos cada uno.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) suman seis casos cada uno.
No castigos, sí “pronunciamientos”
Por su parte, de las 331 quejas por acoso y hostigamiento sexual que recibió la Unidad de Ética Pública, 30 (el 10 por ciento) corresponden a dependencias del sector educativo; la mayoría en la SEP, que sumó 7.
Sin embargo, la Unidad no precisó cuántas de esas quejas fueron castigadas y argumentó que el Registro de Servidores Públicos Sancionados “no cuenta con el grado de especificidad para precisar si las sanciones impuestas a personas servidoras públicas están relacionadas con actos de hostigamiento y acoso sexuales”.
En noviembre pasado, la SFP difundió un informe estadístico de las denuncias recibidas durante 2020 a través de los comités de la Unidad de Ética Pública, en el que se detalló que en vez de sanciones, se emitieron “pronunciamientos” en el 45 por ciento de los casos, que 33 por ciento seguían en trámite y que en el 1 por ciento de las denuncias, el Comité “no encontró elementos” para emitir una observación.
