El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha redoblado la carrera para detonar el crecimiento económico en el istmo de Tehuantepec, en el sureste del país. La Secretaría de Hacienda ha ordenado una batería de incentivos fiscales a favor de las empresas que se afinquen en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que abarca la zona más estrecha del país entre los Estados de Oaxaca a Veracruz. Rebajas en el pago de impuestos y deducciones fiscales inmediatas son parte de los beneficios que el mandatario ha autorizado para incentivar la atracción de inversión en la zona.
Entre los incentivos fiscales que ofertarán a las empresas, figura la exención en el pago de impuestos por el equivalente al 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los primeros tres años de operación y del 50% en los tres años posteriores, pero si las compañías superan las metas de empleo, este crédito fiscal podrá alcanzar hasta el 90%.
Las operaciones realizadas dentro de los polos de Desarrollo, y entre ellos, estarán exentas del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, se permitirá la recuperación del IVA pagado en las compras realizadas fuera de la zona durante cuatro años. Para los polos que se declaren después de la publicación del Decreto, este plazo comenzará a partir de la entrada en vigor de dichas declaratorias.
Además, las empresas podrán acceder a beneficios ya existentes en materia de comercio exterior, como la exención del IVA en importaciones temporales de insumos, la tasa cero a la exportación de bienes o servicios y facilidades administrativas que reducen costos. También, durante los primeros seis años las empresas podrán efectuar la deducción inmediata por la totalidad de la inversión de bienes nuevos de activo fijo.
Para obtener las prerrogativas, la Secretaría de Hacienda estipula que las compañías deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales; contar con título de concesión vigente o ser propietario de alguna superficie dentro de algún polo de desarrollo —Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Juan Evangelista y Texistepec—, deben tener su domicilio fiscal en la zona del istmo de Tehuantepec y presentar el proyecto de inversión por el que se otorgó el título de concesión. Las actividades productivas que busca detonarse en este corredor van desde la eléctrica y automotriz, pasando por dispositivos médicos, empresas farmacéuticas, agroindustria, tecnologías de la información, entre otros.
El Gobierno ha advertido de que los beneficios solo se mantendrán si los empresarios demuestran avances en los planes de inversión y niveles mínimos de empleos avalados por Hacienda. La evaluación de estos proyectos se realizará cada seis meses.
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor a partir de este martes, el Gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de concretar nuevas inversiones industriales en el corredor para generar empleo permanente y crecimiento económico. La Administración central ha argumentado que mientras en el Estado de Nuevo León el ingreso mensual de una persona es de 6.632 pesos, en las entidades de Oaxaca y Veracruz desciende a la mitad a menos de 3.300 pesos, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La Secretaría de Hacienda señala, además, que las tasas de informalidad laboral rebasan el 81,7 % en Oaxaca y el 67% en Veracruz, muy por encima de la media nacional, que se ubica en 55,6%.
En mayo pasado, la secretaría de Economía, Raquel Buenrosto, presentó ante decenas de potenciales inversionistas el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Teniendo como telón de fondo el fenómeno de relocalización o nearshoring, este Gobierno busca licitar en los próximos días los primeros seis de los diez polos de desarrollo. Entre los terrenos a subastar se encuentran aquellos que tienen salida tanto al puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, como al puerto oaxaqueño de Salina Cruz. Las empresas que ganen la licitación tendrán protestad en el terreno por un periodo de dos años con posibilidad de una prórroga de cinco años más. Después de ese periodo, si los licitantes han acreditado que han invertido en el terreno, podrán iniciar el proceso de compra para ser dueños del proyecto, de lo contrario, el Gobierno puede revocar la concesión y volverla a subastar.
Con información de El País
