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Vinculan a proceso a tercera persona por violencia política contra alcaldesa de Santiago Choápam

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Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), obtuvo la vinculación a proceso de una tercera persona, identificada con las iniciales L.M.S.P., por su probable intervención en hechos que la ley señala como el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en agravio de la presidenta municipal de Santiago Choápam.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la investigación, durante mayo y junio de 2026 se habrían registrado diversos actos encaminados a obstaculizar el ejercicio del cargo de la presidenta municipal y promover su separación del puesto.

Entre los hechos investigados se encuentran presuntos actos de retención, amenazas e intimidación que, según la Fiscalía, habrían tenido como finalidad presionar a la funcionaria para que renunciara a la Presidencia Municipal.

Como parte de las investigaciones, el 2 de septiembre de 2026 fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra A.B.C. y J.M.M., quienes se desempeñaban como Regidor de Hacienda y Síndico Municipal, respectivamente, por su probable intervención en los mismos hechos.

Posteriormente, el 30 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de L.M.S.P., quien se encontraba pendiente de comparecer ante la autoridad judicial. Tras analizar los datos presentados, el órgano jurisdiccional determinó vincularla a proceso por su probable intervención en hechos que la ley señala como VPMRG.

Con esta resolución, suman tres personas vinculadas a proceso por estos hechos. El procedimiento penal continuará conforme a las etapas establecidas por la legislación correspondiente.

La FGEO y la FEDE señalaron que continuarán con las investigaciones y actuaciones procesales necesarias bajo los principios de legalidad, objetividad y debida diligencia, con perspectiva de género y respeto a los derechos de todas las partes.

Las personas señaladas mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.