El Secretario de Gobierno de Oaxaca lo señaló en distintas ocasiones: el sindicalismo no es extorsión.
Defender los derechos laborales es legítimo. Amenazar, extorsionar o utilizar una organización para cometer delitos, no.
La postura fue pública desde antes. Se señalaron estas prácticas y se dejó claro que ninguna relación institucional o gubernamental podía convertirse en protección o respaldo para actuar fuera de la ley.
Por eso, resulta incorrecto sostener que existió protección o que desde la Secretaría de Gobierno se formó parte de una red vinculada con estas conductas.
No hubo protección antes. No la hubo después. Y tampoco hubo respaldo para actuar fuera de la ley.
