Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de octubre de 2026.— La constructora PUXTLA Maquinaria y Construcciones, S.A. de C.V., enfrenta cuestionamientos sobre su domicilio fiscal, capacidad operativa y documentación para obtener contratos de obra pública en Oaxaca; sin embargo, las acusaciones sobre presuntas irregularidades no han sido acreditadas mediante una resolución oficial localizada.
Entre los contratos identificados se encuentra una obra adjudicada en 2025 por Vivienda Bienestar, mediante la licitación pública estatal EO-XX116-2025, por un monto de 3 millones 22 mil 589.04 pesos, destinada a la construcción de techos firmes en localidades de Santa María Huazolotitlán, en la región de la Costa.
El acta de fallo establece que PUXTLA cumplió con los requisitos económicos evaluados. El documento señala que, tras revisar sus declaraciones fiscales y estados financieros, la dependencia consideró que la empresa contaba con solvencia económica y capital contable suficientes para ejecutar los trabajos.
La constructora también aparece en el padrón estatal de contratistas publicado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con clasificación B y Óscar Ángeles Morales como representante.
Los cuestionamientos difundidos por medios locales incluyen la presunta existencia de un terreno baldío en el domicilio declarado por la compañía en San Jerónimo Tlacochahuaya, así como dudas sobre la verificación de sus documentos y capacidad técnica. No obstante, la información consultada no incluye una inspección oficial que confirme esas afirmaciones.
También se han publicado señalamientos contra Diego Javier Carreño López, exdirector jurídico de la Secretaría de Honestidad, relacionados con presuntas irregularidades en el registro y clasificación de contratistas. Hasta ahora, no se ha localizado documentación oficial que acredite una intervención indebida suya en la adjudicación de la obra a PUXTLA.
El caso plantea preguntas sobre los mecanismos de revisión de las empresas que reciben recursos públicos. Para esclarecerlas, las autoridades deberán precisar cómo verificaron el domicilio, la documentación financiera y la capacidad técnica de la constructora, así como los detalles del procedimiento de contratación.
