Ciudad de México. La defensa del vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna y al menos ocho imputados por huachicol fiscal, solicitarán a un juez federal que inicie la etapa intermedia del juicio en el que son señalados de participar en la red de corrupción que permitió el tráfico ilícito de millones de litros de combustible que fueron transportados en 31 buques de Estados Unidos a las aduanas de Tampico y Altamira, Tamaulipas, informó el abogado Epigmenio Mendoza Valdés.
En tanto que en el caso del contralmirante, Fernando Farías Laguna, quien se encuentra detenido en Argentina, el gobierno mexicano ya solicitó la detención formal con fines de extradición, “y lo hizo únicamente con base en el contenido de la orden de aprehensión, sin aportar pruebas de la responsabilidad penal”.
En lo que se refiere a la presentación legal de Roberto Farías Laguna informó a La Jornada que este jueves vence el plazo para que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presente la información obtenida de septiembre pasado a esta fecha y con la cual se pretende confirmar la responsabilidad penal de los imputados por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Mendoza Valdés señaló que en septiembre de 2025 el juez federal, Mario Martínez Elizondo, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, tras dictar la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, otorgo a la Fiscalía General de la República (FGR), seis meses para presentar la investigación complementaria.
El plazo inicial se extendió a solicitud de la FGR, y la fecha extendida vence el jueves, por ello “la FGR y el juez tienen que decidir si se cierra la investigación o continúa en la búsqueda de la información para tratar de acreditar la responsabilidad penal, pero se han cometido violaciones al proceso al no entregar ni siquiera el expediente completo a la defensa.
“Esto significa un punto de quiebre, porque significaría fracaso en la investigación, ya que hasta el momento no han encontrado a los verdaderos responsables de esas operaciones de compra y traslado de combustible y quienes se habrían beneficiado económicamente, es decir, el destino del dinero, y las autoridades hablan de unos 600 mil millones de pesos”.
El litigante agregó que entre otras irregularidades el juez federal no ha programado “una audiencia para denunciar las omisiones de la FGR, es decir, también él está en la postura de que ya haya cierre”.