La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala advirtió que la reforma judicial, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría vulnerar la imparcialidad y neutralidad del órgano electoral, y lo dejaría en el centro de la disputa política, si es que no se deja claro sus tareas en la revisión de candidaturas por supuestos nexos con el crimen.
En conferencia de prensa, la consejera presidenta pidió al Congreso que los cambios que propone la reforma judicial, sobre todo en la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dejen en claro que el INE no es el encargado de definir o no definir los riesgos de registrar ciertos perfiles en candidaturas por supuestos vínculos con delincuencia organizada, toda vez que el INE debe seguir manteniendo la confianza, credibilidad y respeto de las fuerzas políticas y de la ciudadanía.
“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que implique juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial, frente a todas las fuerzas políticas”, externó.
Realizan primera revisión técnica
Dijo que el INE hizo una primera revisión técnica de la iniciativa presidencial sobre reforma judicial que se discutirá esta semana en el Congreso, e identificaron que el objetivo principal es crear la comisión de verificación de integridad en candidaturas, además plantea que esta comisión funcione como un órgano permanente dentro del INE, el cual estaría integrado por cinco consejeros o consejeras electorales, con una presidencia rotativa anual.
“El INE no es el responsable de bajar candidaturas, el INE no es responsable de definir los riesgos y recibirán los expedientes que de manera voluntaria, los partidos políticos y candidaturas independientes”, expresó.
Taddei Zavala calificó como fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones, ya que el INE es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial.
“La responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas, corresponde de manera exclusiva a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública, son estas instancias y sólo ellas las que cuentan con las facultades legales y las metodologías para determinar la existencia de un riesgo razonable”, aseveró.
También pidió al Congreso que dejen todo claro en este iniciativa para que este mecanismo no sustituya, no transfiera ni disminuya la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidaturas.
Incluso aseguró que la iniciativa establece que someter los perfiles de aspirantes a cargos públicos a esta evaluación será un proceso estrictamente voluntario.
“Quedará en las manos de los institutos políticos, la decisión de enviar la totalidad y sólo una parte de sus listas de aspirantes a esta revisión o ninguna”, enfatizó.
Sin embargo, afirmó que el INE estará pendiente de la aprobación de la reforma para ver sus alcances y los trabajos que realizará el organismo electoral en el cumplimiento de la misma.