Deslegitimar antes de votar: el último recurso de quienes perdieron el poder Por Martín Vásquez

La democracia no puede convertirse en rehén de los intereses de quienes no aceptan las nuevas condiciones de la competencia política. Hay algo profundamente contradictorio en la estrategia de quienes pretenden deslegitimar desde ahora las elecciones mexicanas de 2027. Todavía no se emiten los votos, no existen resultados que calificar ni resoluciones electorales que impugnar y, sin embargo, ya se intenta instalar una narrativa de desconfianza sobre un proceso democrático que ni siquiera ha llegado a las urnas.

La pregunta es inevitable: ¿qué se pretende conseguir descalificando una elección antes de que ocurra?

El próximo 6 de junio de 2027, México tendrá una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años. Se renovarán las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y numerosos ayuntamientos. Está en juego una parte sustancial de la representación política del país y, con ella, la posibilidad de que millones de ciudadanos expresen libremente su voluntad.

Hay un elemento histórico que no debemos perder de vista: nuestra cultura democrática es todavía joven y arrastra los resabios de un sistema político hegemónico que durante décadas concentró las decisiones en la Presidencia de la República. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos electorales vivieron largos periodos de subordinación política al Ejecutivo. Las instituciones no siempre tuvieron la autonomía que hoy consideramos indispensable.

Por eso resulta paradójico que algunos de quienes conocieron, participaron o se beneficiaron de aquel sistema pretendan ahora erigirse en árbitros de la legitimidad democrática, anticipando cuestionamientos a una elección que todavía no se celebra.

Esto no significa desconocer los problemas que ha enfrentado el Instituto Nacional Electoral. La salida de Guadalupe Taddei de su presidencia y las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas durante su gestión deben atenderse con toda seriedad. No sabemos todavía cuál será el resultado de esos procedimientos ni quiénes, en su caso, resultarán responsables. Precisamente por eso, los hechos deben esclarecerse, las responsabilidades deslindarse y la autonomía y credibilidad del INE preservarse.

Pero una cosa es investigar irregularidades y otra muy distinta utilizar esas circunstancias para sembrar dudas anticipadas sobre la legitimidad de todo un proceso electoral.

También hay señales importantes en otro terreno: el combate a la delincuencia y la exigencia de que no exista protección política para quienes eventualmente resulten involucrados en actividades criminales. Las detenciones de presidentes municipales y otros servidores públicos, entre ellas las realizadas en Suchiapa, Chiapas, muestran que la pertenencia a un partido no puede convertirse en salvoconducto frente a la ley. Las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias y las responsabilidades determinarse por las instituciones de justicia. Nadie debe estar por encima de la ley, independientemente del partido al que pertenezca.

En el ámbito internacional tampoco podemos ignorar el momento que vivimos. México comparte una extensa frontera con Estados Unidos y enfrenta un entorno político que exige instituciones sólidas, estabilidad y legitimidad democrática. En ese contexto, debilitar la confianza en nuestras propias instituciones mediante descalificaciones anticipadas no contribuye a la fortaleza del país.

La democracia no consiste en ganar siempre ni en reconocer únicamente los resultados que nos favorecen. Consiste, precisamente, en aceptar que la voluntad ciudadana se expresa en las urnas y que sus resultados deben respetarse, sin renunciar por ello a los cauces legales de impugnación cuando existan motivos fundados.

La impugnación de una elección que todavía no se celebra parece existir, por ahora, solamente en la narrativa de quienes no terminan de aceptar que perdieron el poder.

La democracia mexicana merece algo mejor que esa estrategia. Porque el poder no se recupera descalificando las urnas antes de que hablen; se recupera convenciendo nuevamente a los ciudadanos.

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