Hay decisiones económicas que marcan a un país durante generaciones. Algunas se toman para enfrentar una crisis; otras terminan convirtiéndose en una carga que la sociedad debe seguir pagando durante décadas. El Fobaproa es, sin duda, uno de los ejemplos más significativos de la historia económica reciente de México. Las políticas sociales de los últimos años, particularmente la pensión universal para adultos mayores, representan otra manera de entender la responsabilidad del Estado frente a la sociedad.
Dos artículos publicados recientemente en La Jornada, uno de Orlando Delgado Selley sobre el Fobaproa-IPAB y otro de Dora Villanueva sobre el impacto de las pensiones para adultos mayores en la reducción de la pobreza, permiten abrir una discusión que va mucho más allá de las cifras presupuestarias: ¿para quién debe servir el dinero público y cuáles deben ser las verdaderas prioridades de un Estado?
A mediados de los años noventa, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, México enfrentó una profunda crisis financiera. El rescate bancario instrumentado mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como Fobaproa, terminó trasladando obligaciones financieras al ámbito público. Lo que originalmente se presentó como una respuesta para preservar la estabilidad del sistema financiero se convirtió en una deuda que ha sobrevivido a distintos gobiernos y generaciones.
Más de tres décadas después, los mexicanos seguimos destinando recursos al pago de esas obligaciones. Es dinero que forma parte de las decisiones presupuestarias de un país que enfrenta enormes necesidades de inversión, infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo.
La pregunta no es si el Estado debía intervenir para evitar una crisis financiera de mayores dimensiones. La pregunta es si las condiciones en que se realizó aquel rescate, sus beneficiarios, sus costos y sus consecuencias fueron justas para la sociedad mexicana. También es legítimo cuestionar por qué una obligación de semejante magnitud continúa condicionando las finanzas públicas tantos años después.
En el otro extremo de esta discusión encontramos las políticas sociales. El artículo de Dora Villanueva recoge datos de la CEPAL que muestran el impacto de las pensiones no contributivas en la disminución de la pobreza. De acuerdo con el análisis citado, sin estas transferencias la pobreza sería 11.5 por ciento mayor. Se trata de un dato relevante porque demuestra que el gasto público puede tener efectos directos en las condiciones de vida de millones de personas.
La pensión para adultos mayores no debe entenderse únicamente como una transferencia monetaria. Representa también el reconocimiento de una responsabilidad colectiva hacia quienes han contribuido durante toda su vida a construir este país. Su impacto social merece ser evaluado con rigor, al igual que su financiamiento y su sostenibilidad a largo plazo.
Aquí aparece el contraste político e histórico. El modelo económico que predominó durante buena parte de las décadas anteriores, particularmente bajo la orientación neoliberal, dio prioridad a la estabilidad financiera y a determinadas formas de intervención estatal para proteger al sistema bancario. La Cuarta Transformación, por su parte, ha colocado los programas sociales y la redistribución del ingreso en el centro de su proyecto de gobierno.
No se trata de afirmar que ambos procesos sean idénticos ni de ignorar las diferencias entre sus circunstancias económicas. Se trata de reconocer que las decisiones sobre el presupuesto expresan prioridades políticas y concepciones distintas sobre las responsabilidades del Estado.
Sin embargo, tampoco podemos conformarnos con distribuir recursos. México necesita una nueva etapa de desarrollo que combine justicia social con inversión productiva. Necesitamos generar empleos, fortalecer nuestras capacidades industriales, impulsar infraestructura, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, promover la innovación y crear condiciones para que la economía produzca la riqueza necesaria para sostener el bienestar.
Las transferencias sociales son importantes, pero no sustituyen la inversión que permite ampliar las oportunidades económicas. El desafío consiste en construir un círculo virtuoso: crecimiento, productividad, empleo, recaudación y bienestar.
También debemos hablar de responsabilidad intergeneracional. No podemos permitir que las próximas generaciones reciban únicamente las obligaciones financieras que heredamos. Debemos entregarles un país con mayor capacidad productiva, instituciones sólidas y derechos sociales sostenibles.
La discusión sobre el Fobaproa y los programas sociales nos coloca, en consecuencia, frente a una disyuntiva que es económica, pero también filosófica y moral. ¿Qué compromisos debe asumir el Estado y en beneficio de quiénes? ¿Por qué una sociedad debe cargar durante décadas con las consecuencias de determinadas decisiones financieras y, al mismo tiempo, tiene que debatir permanentemente cómo financiar sus derechos sociales?
No se trata de enfrentar la estabilidad financiera con la justicia social. Ambas son necesarias. Se trata de exigir transparencia, responsabilidad y una distribución más equitativa de los beneficios y los costos de las decisiones públicas.
México no puede permanecer atrapado entre las deudas del pasado y las necesidades del presente. Si el Estado tuvo la capacidad de comprometer recursos públicos durante generaciones para enfrentar una crisis financiera, también debe tener la visión y la responsabilidad de construir un modelo económico que genere riqueza, reduzca la desigualdad y garantice bienestar.
La verdadera transformación no consiste solamente en decidir a dónde va el dinero público, sino en construir un país en el que ese dinero sirva para ampliar las oportunidades, dignificar la vida de las personas y asegurar un futuro mejor para las próximas generaciones.


