La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó este miércoles al Ayuntamiento de Salina Cruz la reparación integral de los daños ocasionados a la familia de Abigail Hay Urrutia, quien fue encontrada muerta en los separos de la Policía Municipal tras una actuación negligente de servidores públicos. La petición incluye compensación económica y atención psicológica para los afectados, así como asesoría jurídica gratuita para el seguimiento de los procedimientos legales correspondientes.
En la Recomendación 188/2024, dirigida a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la presidencia municipal de Salina Cruz, la CNDH enfatizó la necesidad de brindar apoyo integral a las víctimas indirectas. Esta reparación incluye servicios de apoyo psicológico y tanatológico, además de asesoría legal sin costo para los familiares, a fin de garantizar el acceso a la justicia en los procesos administrativos, civiles y penales vinculados al caso.
Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2022, cuando Abigail Hay Urrutia fue detenida tras una discusión con su pareja. A pesar de que un perito diagnosticó a la víctima con un trastorno neurológico, no fue canalizada a servicios médicos especializados. En su lugar, fue remitida al juez cívico y posteriormente a los separos, donde fue hallada sin vida tres horas después. Este actuar negligente fue clave en la investigación de la CNDH.
La CNDH documentó graves violaciones a los derechos humanos de Abigail Hay Urrutia, incluyendo la vulneración a su seguridad jurídica, integridad personal, derecho a la vida y al acceso oportuno a atención médica. Además, identificó presiones hacia siete familiares de la víctima por parte de servidores públicos y elementos de seguridad, lo que obligó a los afectados a abandonar el estado, impactando su proyecto de vida y afectando especialmente a dos menores de edad.
A pesar de los antecedentes de violencia familiar que sufría la víctima, las autoridades no investigaron el caso desde una perspectiva de género ni consideraron la posibilidad de un feminicidio. Tampoco se tomaron en cuenta sus condiciones de salud al momento de la detención, lo que reflejó un incumplimiento en el deber de cuidado por parte de las autoridades.
La CNDH exhortó a las autoridades municipales y estatales a colaborar en las investigaciones y tomar medidas para evitar que casos similares se repitan. Entre las recomendaciones, destacó la necesidad de impartir cursos especializados en derechos humanos, perspectiva de género y combate a la corrupción para el personal involucrado en seguridad pública y justicia.
Finalmente, la CNDH subrayó la importancia de implementar acciones preventivas y formativas en el servicio público, promoviendo un enfoque integral que respete los derechos humanos y considere factores como la salud mental y la perspectiva de género. Solo un compromiso genuino con estos principios puede garantizar una atención eficiente, humana y sensible hacia la ciudadanía.
Con información de Tiempo Digital
