Xalapa, Ver.– Alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales de Veracruz podrían enfrentar procesos penales sin que sea necesaria una declaración de procedencia aprobada previamente por el Congreso del estado, luego de que la LXVII Legislatura avaló una reforma al artículo 78 de la Constitución local.
La iniciativa, enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, fue aprobada con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención. El cambio plantea retirar esta protección procesal exclusivamente a las autoridades municipales señaladas en la reforma.
De concretarse, la modificación permitiría que la Fiscalía General del Estado y los órganos jurisdiccionales ejerzan directamente sus facultades para investigar y, en su caso, iniciar procedimientos penales contra alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales, sin esperar la autorización del Poder Legislativo.
La reforma no contempla modificar el régimen aplicable al resto de los servidores públicos incluidos actualmente en el artículo 78, por lo que funcionarios estatales y diputados locales conservarían la protección vigente.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso legislativo aún no concluye. El dictamen deberá ser enviado a los 212 ayuntamientos de Veracruz, que tendrán un plazo de 30 días para analizarlo y someterlo a votación en sus respectivos cabildos.
Para que la modificación pueda concretarse, deberá contar con el respaldo de al menos la mitad de los ayuntamientos del estado.
Durante la discusión legislativa, Morena y el Partido Verde defendieron la propuesta al señalar que busca evitar que el cargo público municipal se convierta en un obstáculo para el desarrollo de investigaciones penales.
En contraste, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la eliminación de esta protección se limite a autoridades municipales, mientras otros funcionarios mantendrían el régimen actual. Legisladores de oposición advirtieron que esta diferencia podría generar condiciones para presiones políticas o una aplicación selectiva de la justicia.
La discusión ocurre después de que dos alcaldes de Movimiento Ciudadano fueran desaforados recientemente por su presunta participación en distintos delitos y posteriormente fueran señalados por el Gobierno de Veracruz como prófugos de la justicia.
Se trata de Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, señalado por la Fiscalía por su presunta participación en un caso de homicidio, y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, contra quien existen acusaciones relacionadas con desaparición de personas.
Con la reforma, el Congreso estatal busca modificar el procedimiento mediante el cual las autoridades municipales pueden ser sujetas a procesos penales, aunque su entrada en vigor dependerá todavía de la aprobación de los cabildos y de la conclusión del procedimiento constitucional correspondiente.
