El Pleno del Senado avaló de forma unánime la reforma presidencial contra la extorsión y cobro de piso.
Una vez que la Cámara de Diputados la avale, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) tendrá seis meses para crear un centro especializado para atender las denuncias contra extorsiones.
Este miércoles, el Pleno del Senado avaló por unanimidad (110 votos a favor) la reforma a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar las extorsiones, donde se crea un solo tipo penal para este delito y también sanciones más severas contra quien lo cometa, ya que como mínimo serán 15 años de prisión y como máximo 25 años de prisión.
Una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, en 180 días, la SSyPC tendrá que crear un centro de atención, donde se brindará ayuda a la población que haya sido victima de extorsión, así como darle seguimiento a todas las denuncias y creación de programas para que la ciudadanía acuda a denunciar, ya que hay una cifra negra en ese delito.
Para incentivar las denuncias, se crea también un apartado para la protección a víctimas, protegidos o testigos para que tengan el cobijo de las autoridades.
Para ello se garantiza el resguardo de identidad con reserva de nombres, lugar de trabajo, así como métodos que imposibiliten la identificación. Además, las notificaciones no serán personales sino a través de abogados o el ministerio público.
Asimismo, en 180 días también los centros penitenciarios deberán quitar los teléfonos celulares a los presos para evitar extorsiones dentro de las prisiones.
Aunque las bancadas del PAN, PRI y MC apoyaron la reforma, los senadores de oposición exigieron que para todas las acciones que se van a emprenden el gobierno federal garantice recursos económicos para su aplicación.
El Senado modificó una minuta aprobada por la Cámara de Diputados con la finalidad de aumentar hasta 25 años de prisión como pena máxima, además de agravantes, contra las personas que comentan el delito de extorsión.
Y es que el pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, en la que se fijó un tipo penal que se aplicará en todo el país, en el cual se impone como pena mínima 6 años de prisión y máxima de 15 años de prisión, más agravantes, a los extorsionadores.
El Senado enmendó un error en la minuta de San Lázaro, ya que esas penalidades dejarían en libertad a personas sentenciadas en algunos estados, por ejemplo entidades como Morelos, Quintana Roo y Michoacán, que actualmente tienen penas de prisión que van de los 15 a los 25 años de cárcel.
Las modificaciones pasan a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
