Los enfrentamientos que dejaron 12 personas muertas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, se originaron por una disputa entre grupos de internos después de que uno de los reclusos con mayor liderazgo obtuvo su libertad, reveló este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, el funcionario explicó que la liberación de esta persona modificó las relaciones entre los grupos que permanecían dentro de la cárcel, lo que terminó por provocar una confrontación en la que se utilizaron armas de fuego.
Según lo expuesto por García Harfuch, las diferencias entre los reclusos fueron aumentando hasta desencadenar los hechos violentos registrados durante dos días consecutivos en el centro penitenciario de Mazatlán.
Sin embargo, el secretario no dio a conocer quién era la persona liberada, qué liderazgo mantenía dentro del penal ni las circunstancias en las que obtuvo su libertad.
Dos días de violencia dejaron 12 personas muertas en la cárcel de Mazatlán
El jueves 8 de octubre se registró el primero de los enfrentamientos en el penal de El Castillo, donde diez personas perdieron la vida y otras 16 resultaron lesionadas. Entre las víctimas mortales se encontraba un menor de apenas un año de edad que había ingresado al establecimiento como visitante.
La violencia continuó el viernes 9 de octubre, cuando una nueva riña entre internos dejó otros dos fallecidos. Con ello, el saldo de ambos episodios aumentó a 12 personas muertas. Los enfrentamientos obligaron a desplegar elementos de seguridad y a restringir temporalmente las visitas familiares, mientras se realizaban revisiones al interior del establecimiento.
Gobierno federal mantiene vigilancia y prepara más traslados
Tras las riñas, las autoridades comenzaron a trasladar reclusos a otros centros penitenciarios para evitar nuevos conflictos dentro de El Castillo. García Harfuch confirmó que algunos de estos movimientos ya se llevaron a cabo y que otros se encuentran programados. Además, informó que el penal permanece bajo resguardo federal y con medidas de vigilancia reforzadas, mientras continúan las acciones para mantener el control del establecimiento.
La presencia de armas de fuego durante los enfrentamientos volvió a colocar bajo atención las condiciones de seguridad en las cárceles de Sinaloa, particularmente la capacidad de las autoridades para impedir que los internos tengan acceso a este tipo de armamento. En medio de esta situación, el Gobierno federal también anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, proyecto del que todavía no se han precisado públicamente su ubicación, capacidad ni fecha de inicio de obras.
