Un operativo de inspección permitió el rescate de iguanas verdes que eran trasladadas de manera ilegal en el maletero de un autobús de la línea Sur, estacionado en los andenes de la terminal del municipio de Matías Romero, Oaxaca.
La unidad cubría la ruta Coatzacoalcos, Veracruz – Salina Cruz, Oaxaca, un corredor donde autoridades ambientales han detectado un incremento en el tráfico de fauna silvestre.
En esta temporada, las iguanas son usadas en un platillo tradicional istmeño denominado guchachi dxita, muy popular en los días de Semana Santa; además de que la carne de iguana también es usada para hacer tamales. Lo que hace que en esta temporada el tráfico de esta especie aumente.
De acuerdo con el reporte oficial, los ejemplares eran adultos y se encontraban dentro de cajas de cartón, sin ventilación ni condiciones mínimas de bienestar.
Durante la revisión, personal especializado confirmó que 161 iguanas estaban vivas, mientras que 31 habían muerto debido al hacinamiento, el estrés térmico y la manipulación inadecuada.
Tras una inspección, las autoridades determinaron que los animales no estaban acostumbrados al contacto humano, lo que indica que fueron capturados recientemente de su hábitat natural, una práctica que afecta poblaciones locales y altera procesos reproductivos.
Por su estado y por no presentar habituación humana, los 161 ejemplares vivos fueron liberados de inmediato en un ecosistema de selva baja caducifolia, compatible con su distribución natural y con condiciones adecuadas para su reintegración.
Las 31 iguanas muertas recibieron entierro controlado, procedimiento establecido para evitar riesgos sanitarios derivados de la descomposición y prevenir posibles focos de infección en zonas pobladas.
La iguana está enlistada en la NOM‑059‑SEMARNAT‑2010 bajo la categoría Sujeta a Protección Especial, lo que obliga a regular estrictamente su aprovechamiento.
Además, se encuentra en el Apéndice II de la Convención CITES, que controla su comercio internacional para evitar la sobreexplotación.
Autoridades ambientales reiteraron que el tráfico de vida silvestre constituye un delito federal y representa una de las principales amenazas para la biodiversidad del país.
