Hay momentos en la vida pública en los que el mayor compromiso de un Estado no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacerse las preguntas correctas. Estoy convencido de que hoy vivimos uno de esos momentos.
Quienes ejercen el periodismo desempeñan una labor esencial para nuestra democracia. Gracias a su trabajo, la sociedad conoce lo que ocurre, forma su propio criterio y exige cuentas a quienes tenemos responsabilidades públicas. Proteger su labor no sólo significa proteger un derecho humano; significa defender el derecho de todas y todos a estar informados.
Los riesgos que históricamente han enfrentado las y los periodistas siguen presentes. Pero también han surgido nuevos desafíos: la presencia de grupos de la criminalidad organizada, el crecimiento del entorno digital como un nuevo espacio de riesgo, las campañas de hostigamiento y desinformación, la polarización y otras formas de presión que nos obligan a preguntarnos si las garantías y los mecanismos con los que hoy contamos siguen respondiendo a esta realidad.
Por eso vale la pena abrir este diálogo y propiciar una serie de reflexiones que nos permitan responder mejor a los desafíos actuales, pues las instituciones democráticas no se fortalecen porque permanezcan iguales, sino porque tienen la capacidad de evaluarse, escuchar y adaptarse a nuevas realidades.
Proteger el ejercicio del periodismo exige preguntarnos, con seriedad y sin prejuicios, si las garantías y los mecanismos con los que hoy contamos responden plenamente a los desafíos actuales.
Proteger el ejercicio del periodismo no es una concesión del Estado; es una obligación democrática. Y cumplir esa obligación exige mantener una actitud permanente para revisar, fortalecer y, cuando sea necesario, actualizar las garantías y los mecanismos institucionales con los que protegemos este derecho.
En ese contexto, el gobernador Salomón Jara ha instruido a la Secretaría de Gobierno para encauzar una primera etapa de diálogo con periodistas, medios de comunicación, academia, organizaciones de la sociedad civil e instituciones vinculadas con la protección de los derechos humanos. Será un espacio para escuchar, intercambiar experiencias y reflexionar conjuntamente sobre cómo fortalecer las condiciones para el ejercicio periodístico en Oaxaca.
Los espacios de diálogo permanecerán abiertos para todas y todos los comunicadores que deseen hacer uso de ellos. Con quienes han decidido participar hemos intercambiado puntos de vista y atendido sus planteamientos; para quienes todavía no lo han hecho, la invitación permanece abierta. La participación de todas las voces fortalecerá este proceso y contribuirá a construir mejores condiciones para el ejercicio del periodismo.
Quiero ser muy claro: este proceso no sustituye la obligación del Estado de investigar y esclarecer las agresiones cometidas contra periodistas, ni disminuye la exigencia de verdad y justicia en cada caso. Esa responsabilidad permanece intacta. Lo que buscamos es abrir una conversación seria que nos permita construir mejores respuestas para el presente y para el futuro.
Esta primera etapa debe marcar el inicio de un proceso serio de diálogo. No para imponer conclusiones, sino para construirlas entre todas y todos. Si de este ejercicio surgen mejores garantías, mecanismos más eficaces y condiciones más sólidas para el ejercicio del periodismo, habremos dado un paso importante. Ése es el compromiso del Estado.
