El senador Antonino Morales presentará una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que las personas juzgadoras apliquen la autoadscripción y protejan activamente a indígenas y afromexicanos en proceso penal, como víctimas o imputados.
La propuesta obliga a juzgar con perspectiva intercultural y adoptar de oficio, desde la autoadscripción, medidas para un juicio justo, considerando sistemas normativos y especificidades culturales.
Ello incluye intérpretes, defensores y peritos que conozcan su lengua y cultura. Ante indicios de pertenencia indígena o afromexicana, la persona juzgadora deberá preguntar si se reconoce como tal; el Ministerio Público tendrá iguales obligaciones.
La iniciativa señala que la reforma al artículo segundo constitucional impone a las autoridades garantizar el acceso pleno a la justicia de indígenas y afromexicanos mediante ajustes que neutralicen desigualdades estructurales.
El senador Antonino Morales Toledo, de origen zapoteco, afirmó que reconocer la autoadscripción garantiza el derecho humano al acceso a la justicia penal de indígenas y afromexicanos.
De aprobarse, si la víctima u ofendido se autoadscribe como indígena o afromexicano, el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional deberán adoptar, en cualquier etapa, medidas diferenciadas que garanticen justicia y reparación integral del daño.
“Estas propuestas obedecen a que las personas indígenas y afromexicanas padecen violaciones procesales que agravan su situación, al grado de configurar actos de tortura durante el proceso”, como detenciones arbitrarias policiales y militares, violaciones al debido proceso y déficit de intérpretes, abogados y defensores que hablen lenguas indígenas o conozcan sus culturas.
La reforma a los artículos 109, 113 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales obligará a activar de oficio medidas diferenciadas, aun sin solicitud expresa de la persona indígena.
Esta iniciativa se suma al proceso de transformación jurídica de Oaxaca, donde la nueva Constitución impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, cuya consulta encabeza el Congreso del Estado, abre una oportunidad histórica para plasmar la justicia intercultural y el pleno acceso a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
