En Acción Nacional, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la llamada elección judicial celebrada el pasado 1 de junio, por tratarse de un proceso viciado, costoso, populista y profundamente peligroso para el futuro democrático e institucional del país. Esta elección no solo representó un retroceso histórico en la impartición de justicia, sino que también evidenció el deseo del régimen actual de someter al Poder Judicial a una lógica partidista y autoritaria, anulando la independencia de jueces, magistrados y ministros, quienes deberían ser garantes de la legalidad, no instrumentos del poder político.
Lo ocurrido el domingo no puede describirse más que como un verdadero desastre institucional. Con casillas vacías en todo el país, la ciudadanía demostró su repudio y rechazo a una reforma improvisada, ajena al interés público y orquestada desde el Ejecutivo para debilitar los contrapesos del poder.
Nueve de cada diez mexicanos decidieron no participar en esta farsa disfrazada de elección democrática, y del 13% que participo (13.069 millones) el 25% (3,267 millones) decidió anular su voto, revelando el profundo rechazo a un modelo que busca politizar la justicia y reemplazar el mérito jurídico con la obediencia partidista.
Más preocupante aún, es la forma tan vergonzosa en la que se manipuló el proceso desde su origen. Hay video en donde se ven boletas cruzadas antes de que llegaran los votantes, El descarado desfile de los “acordeones”, distribuidos por MORENA, con nombres de candidatos acomodados a este oficialismo retrograda, todo esto muestra que, esta no fue una elección libre ni legítima. Fue una operación diseñada para consolidar el dominio del partido en el poder sobre el sistema judicial. Tal como denunció el senador Ricardo Anaya, lo que se vivió fue un fraude electoral sin precedentes en la historia moderna del país.
El Comité Evaluador, nombrado por una mayoría artificial en el Congreso, se convirtió en el corazón de este montaje. Supuestamente integrado por expertos, lo cierto es que entre sus miembros hay personas sin los conocimientos jurídicos necesarios para evaluar a quienes aspiraban a ser ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral o juzgadores federales. La improvisación, la ignorancia y el desprecio por la técnica fueron los criterios que rigieron las decisiones del Comité. Hoy, muchas de esas personas, además de haber evaluado a otros, han sido electas como juzgadoras, como si la justicia fuera un juego de lealtades políticas y no una institución de salvaguarda del orden constitucional.
Las respuestas dadas por algunas de estas nuevas magistradas a preguntas básicas de derecho resultan alarmantes. Cuando se desconoce qué es una causal de improcedencia en un juicio de amparo o no se pueden mencionar principios fundamentales del procedimiento civil, queda claro que se ha entregado el futuro del sistema jurídico mexicano a perfiles carentes de formación y competencia. El Poder Judicial no solo ha sido tomado por asalto, sino que ha sido desmantelado desde adentro por la mediocridad impuesta por intereses autoritarios.
El Partido Acción Nacional no puede aceptar que, bajo el pretexto de una “transformación democrática”, se destruyan los avances logrados durante más de un siglo de institucionalidad. No se trata de defender al viejo poder judicial por nostalgia o conveniencia, sino de preservar un sistema que, con todas sus imperfecciones, se había construido para garantizar la imparcialidad, la profesionalización y el equilibrio de poderes. Esta elección no fue un paso adelante, fue un salto al vacío.
En medio de una de las peores crisis de inseguridad que ha vivido el país, el gobierno decidió dinamitar al único poder capaz de actuar con autonomía para proteger los derechos de las víctimas, sancionar a los delincuentes y hacer frente a los abusos del poder. En lugar de fortalecer la impartición de justicia, el régimen la convirtió en una feria de clientelas políticas. Mientras la violencia crece, los jueces elegidos no por su capacidad sino por su obediencia partidaria tendrán en sus manos decisiones que afectan la vida, libertad y patrimonio de millones de mexicanos.
Desde Acción Nacional sostenemos que esta reforma no responde a un anhelo ciudadano ni a una necesidad institucional. Es, en realidad, un proyecto de dominación política disfrazado de participación popular. En palabras de Ricardo Anaya, se trató de una “marranada electoral”, y así debe ser llamada. No es una elección judicial, es una estrategia autoritaria que pretende anular al único poder que todavía podía resistir los excesos del Ejecutivo y el oficialismo legislativo.
Ante esta grave situación, el PAN reitera su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y los principios constitucionales.
México merece un Poder Judicial autónomo, técnico y verdaderamente democrático, no uno controlado por intereses políticos, ni jueces electos por línea gubernamental. Rechazamos la politización de la justicia y exigimos que quienes juzgan en nombre de la República lo hagan con conocimiento, honor y libertad.
No hay democracia posible sin justicia imparcial. No hay justicia sin jueces preparados. Y no hay libertad cuando el Poder Judicial se convierte en una extensión del partido en el poder. Acción Nacional luchará con firmeza para revertir esta regresión autoritaria, por el bien común, por el respeto a la Constitución y por el futuro democrático de México.
