El cardenal y obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, sostiene que “los obispos intentamos hablar con estos líderes (del crimen organizado), porque no podemos quedarnos sólo en quejas y lamentos contra el gobierno, que no ha logrado pacificar al país”.
“La intención no es hacer pactos de conveniencia personal, sino tratar de hacerles ver (a los delincuentes) la necesidad de cambiar de vida, de respetar personas y bienes de la gente y no generar más inseguridad”, aclaró.
Al subrayar que él sí ha tenido entrevistas con líderes locales de la delincuencia organizada en municipios como Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, Amatepec y San Simón de Guerrero, por ejemplo, el jerarca de la Iglesia católica sostuvo que no se pacta con cárteles del crimen organizado, pero sí se trata de convencerlos de que cambien de vida y respeten a las personas y sus bienes.
Parte del sur mexiquense se integra a la región de Tierra Caliente, conformada por Guerrero, Michoacán y Estado de México, donde predomina el cártel de La Familia Michoacana, cuyos líderes son los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Pez y el Fresa, respectivamente, quienes han operado sus acciones delictivas desde el municipio de Arcelia, Guerrero. Incluso, la entonces procuraduría del Estado de México ofrecía una recompensa de medio millón de pesos a quien diera información que condujera a su captura.
Arizmendi refirió que los más afectados por la delincuencia organizada son los campesinos y pequeños comerciantes, quienes ya no aguantan pagar las extorsiones exigidas. Como ejemplo reciente se encuentra el “estallido” de la violencia en la localidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, donde comuneros se enfrentaron a “matones” al servicio del Fresa y el Pez, porque los extorsionaban con el pago de “derecho de piso” por sus cultivos de maíz, haba y avena, además que controlan los precios de pollo, huevo, gas licuado y gasolina, fenómeno que se ha extendido junto con la extorsión que hacen a gran parte del Valle de Toluca, como la misma capital mexiquense, Zinacantepec y Almoloya de Juárez.
“Muchos cierran sus negocios, huyen a otras partes, incluso a Estados Unidos, por su propia seguridad. Nosotros (los sacerdotes) debemos hacer lo que más podamos por la comunidad, pues para eso hemos sido llamados por Dios, a pesar de los peligros que nos exponemos”, finalizó el obispo emérito de San Cristóbal.
En tanto, al preguntarle al arzobispo de la Arquidiócesis de Toluca, Raúl Gómez González, si esta forma implementada en recientes fechas también por obispos de Guerrero, de tener diálogo con criminales para alcanzar la paz en sus regiones, podría funcionarle al gobierno del Estado de México, puntualizó que “se le invitaría a que lo hiciera, que lo analice y ojalá no falte el pan en la mesa de todos para que no sea por falta de trabajo que se vayan con los narcos”.
Calificó como positivo que líderes de la Iglesia católica hayan dialogado con delincuentes.
-¿Cuando estuvo en Ciudad Altamirano (Guerrero) tuvo alguna reunión con algún líder? –se le cuestionó.
“Cuando me salían en el camino tenía que dialogar con ellos”, contó.
Cabe recordar que, en Guerrero, Salvador Rangel, obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, y el obispo José de Jesús González han hecho público que jerarcas religiosos en Tierra Caliente han dialogado con líderes criminales para llegar a un acuerdo de paz.
