A partir del primer minuto de este jueves 12 de mayo, una vez que se levante la Orden de Salud Pública del Título 42 y cada mes, México recibirá hasta 30 mil migrantes retornados por Estados Unidos, que sean originarios de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, para ser trasladados hasta su frontera sur.
Este es uno de los acuerdos establecidos entre las administraciones Biden y López Obrador, destacó el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller.
A principios de este año, los Estados Unidos anunciaron procesos de libertad condicional para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, que proporcionan a las personas vías seguras y ordenadas para acceder a los Estados Unidos, e imponen consecuencias para aquellos que no los usan.
Reiteró que el término de la política pública en la que se enmarca el Título 42 no significa la apertura de la frontera para el ingreso ilegal de migrantes.
Como hemos dicho muchas veces, la frontera no está abierta a la migración irregular. Las personas no deben poner sus vidas en manos de contrabandistas, solo para enfrentarse a fuertes consecuencias, incluyendo al menos una prohibición de cinco años en el reingreso y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de entrar ilegalmente, y ser devueltos”.
En tanto, Jhonatan Mardo, agregado de Aduanas y Protección alertó de nueva cuenta sobre los riesgos que enfrentan los migrantes que se aventuran a salir de sus países de origen y cruzar hasta la frontera norte de México.
Las personas que no establezcan una base legal para permanecer en los Estados Unidos no será elegibles para legalizar su estatus migratorio y estarán sujetos a deportación.
Los migrantes no solo se enfrentan a las inclemencias del medio ambiente sino que caminan durante días por el desierto sin agua. Los migrantes irregulares se enfrentan a secuestros, robos, lesiones, asesinatos, violaciones a manos de personas sin escrúpulos”, advirtió.
A lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos se encuentran desplegados al menos 25 mil agentes de CBP, Guardia Nacional y de otras agencias de seguridad para evitar el ingreso irregular de personas en la víspera de que deje de aplicarse el Título 42.
