La deuda de los estados ha comenzado a descender y si bien en 2025 fue de 717 mil 898.6 millones de pesos, cinco estados concentran 54 por ciento del saldo nacional, con 324 mil 702 millones de pesos, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el segundo informe de la cuenta pública del año pasado.
Respecto de 2024, cuando las obligaciones de los estados y la Ciudad de México ascendieron a 731 mil millones de pesos –según el informe de la Secretaría de Hacienda sobre la deuda entregado a la Cámara de Diputados–, su endeudamiento bajó 13 mil 103.7 millones de pesos.
La ASF explicó a la cámara que, al cierre de 2025, más de la mitad del saldo total de la deuda pública subnacional se concentró en cinco estados, pero no ofreció más detalles. Las entidades y montos están, en cambio, en el informe de Hacienda, que además explica cómo 86 por ciento del saldo nacional está respaldado por las participaciones federales pagadas a los gobiernos locales. Para Hacienda, el endeudamiento estatal presenta un grado relevante de concentración y detalla que las entidades con mayor monto de deuda son: la Ciudad de México, con 107 mil 264 millones de pesos; Nuevo León, con 80 mil 962 millones; estado de México, 57 mil 179 millones; Chihuahua, 56 mil 757 millones y Veracruz, 45 mil 728 millones de pesos.
La ASF explicó que, en el manejo de las obligaciones contratadas, de 2016 a 2025 el monto total del saldo de la deuda pública subnacional se estabilizó al no sobrepasar 2.7 por ciento del producto interno bruto estatal (PIBE).
Obligaciones financieras
El ente fiscalizador explica que la reducción del endeudamiento de los estados tiene como origen las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y detalló que, entre 2008 y 2016, antes de que entrara en vigor, el saldo de sus obligaciones financieras incrementó su proporción con respecto al PIBE en 1.3 puntos, al pasar del 1.7 por ciento a 3.
En cambio, al cierre de 2025, el saldo de las obligaciones financieras de estados y municipios ascendió a 717 mil 898.6 millones de pesos, “monto que resulta menor en 18.6 por ciento, en términos reales, respecto del registrado al cierre del ejercicio fiscal 2016”, indicó. Asimismo, la Auditoría concluyó que, a nueve años de la ley, en los estados todavía hay espacios de discrecionalidad; por ejemplo, predomina la contratación de obligaciones a corto plazo para atender insuficiencias de liquidez de carácter temporal, rubro en el que todavía no hay una definición normativa precisa, lo cual genera espacios de interpretación en su aplicación.
