La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, señalado por su posible participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló imputación por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La representación de la FGR solicitó al juez la vinculación a proceso; sin embargo, la defensa del exmandatario estatal pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica será definida posteriormente.
De acuerdo con la Fiscalía, la imputación deriva de una nueva revisión de las actuaciones y elementos acumulados durante la investigación por la desaparición de los normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.
En estos trabajos participan la FGR, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También se prevé la incorporación del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).
El nuevo análisis, según la dependencia federal, permitió establecer líneas de investigación relacionadas con el presunto ocultamiento de evidencias que podrían aportar información sobre el paradero de los 43 estudiantes.
La Fiscalía aseguró contar con datos de prueba que apuntan a que Aguirre Rivero, cuando se encontraba al frente del gobierno de Guerrero, habría girado instrucciones relacionadas con ese ocultamiento, en el que presuntamente participaron funcionarios estatales de alto nivel.
Entre los elementos investigados se encuentra la desaparición u ocultamiento de grabaciones vinculadas con los hechos.
La FGR sostiene que esta actuación no habría correspondido a una omisión administrativa o técnica, sino a una operación presuntamente deliberada que habría involucrado a integrantes de la estructura del Poder Ejecutivo estatal.
Será el juez de control quien determine, una vez concluido el plazo constitucional solicitado por la defensa, si los datos presentados por el Ministerio Público son suficientes para vincular a proceso al exgobernador.
La institución federal señaló que mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa y aseguró que continuará con la revisión de evidencias, actuaciones ministeriales y nuevas líneas de investigación para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.