La Fiscalía General de la República (FGR) ganó por extinción de dominio, una residencia ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en 51 millones 701 mil pesos, al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
Con base en las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, se acreditó que el inmueble, fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de la planta “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México, durante la gestión de Lozoya Austin en la empresa pública del Estado.
La Fiscalía federal, obtuvo la resolución favorable como resultado del trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, la cual, interpuso el recurso de apelación correspondiente.
La propiedad fue adquirida con recursos de procedencia ilícita
La resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya, confirmó la sentencia de segunda instancia en la que se había declarado procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en Colonia Lomas de Bezares.
En virtud de la investigación y defensa por parte de ministerios públicos, con base en las pruebas recabadas, se acreditó que dicha residencia, fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de la planta.
Por ellos, en 2021, se inició dicho procedimiento legal, cuando la autoridad presentó la demanda de extinción de dominio, la cual fue resuelta, en primera instancia por la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, como no era procedente en la que la mencionada acción.
Con base en la referida determinación, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de apelación, que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, con lo que se revocó dicha sentencia y se declaró procedente la acción de extinción de dominio.
La FGR reafirma el compromiso institucional de impulsar acciones firmes y eficaces en materia de extinción de dominio, para combatir estructuras financieras de la delincuencia y que los bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita se incorporen al patrimonio del Estado y se empleen en beneficio del Pueblo.