Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que la solicitud de detención contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentada por el gobierno de Estados Unidos, carecía de las pruebas necesarias para justificar la urgencia de la medida.
Durante la conferencia de prensa, la funcionaria federal subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que dicha solicitud no aportó algún elemento de prueba que acreditara la urgencia del proceso.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores le pide una opinión a la fiscalía, y la fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional precisamente, para que se acredite la urgencia”, explicó.
Alcalde Luján subrayó en su exposición que, si se comprueba la urgencia, la FGR tiene la facultad de presentar el caso ante un juez de control. Este juez, al evaluar las pruebas, puede determinar la prisión preventiva, la detención provisional o imponer alguna otra medida cautelar. Con esta acción, se da inicio al proceso legal, cuyo plazo es de 60 días.
“La Fiscalía General de la República ha enviado opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que es necesario solicitar al país requirente confidencialidad para poder preservar el debido proceso”, agregó.