El gobierno federal está alistando cambios significativos al reglamento antilavado, los cuales implicarán una mayor vigilancia directa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas modificaciones elevarán las obligaciones de reporte para los ciudadanos y permitirán sancionar con mayor rapidez, generando preocupación entre expertos.
José Mario de la Garza, abogado y expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ha expresado que la propuesta trae “una serie de implicaciones importantes para los ciudadanos”.
Los cambios propuestos buscan intensificar el control sobre las operaciones financieras en el país. La nueva normativa, según lo expuesto, no solo se enfocaría en grandes estructuras criminales, sino que extendería su alcance a la población en general.
“Hay quien dice que no es una legislación hecha para afectar a los grandes cárteles del narcotráfico, sino para ir en contra directa de los gobernados, de los ciudadanos comunes y corrientes.”
Esta perspectiva subraya la inquietud de que la legislación podría impactar de manera desproporcionada a los ciudadanos, quienes verán incrementadas sus responsabilidades en cuanto a la declaración de sus actividades económicas. Las nuevas disposiciones buscan fortalecer los mecanismos de detección de operaciones inusuales, lo que se traduce en una mayor carga para los individuos.
Implicaciones Directas y Sanciones Potenciales
De la Garza detalló las posibles consecuencias directas que los ciudadanos podrían enfrentar con la aprobación de este nuevo reglamento. Entre las medidas más destacadas se encuentra la facultad de las autoridades para bloquear cuentas bancarias sin una notificación previa, así como la imposición de multas considerables.
“El posible bloqueo de tus cuentas sin darte una audiencia previa, multas que pueden ir hasta de siete millones de pesos, obligaciones de reportar operaciones inusuales en 24 horas.”
Adicionalmente, la propuesta contempla la posibilidad de que el SAT y la UIF requieran información detallada a profesionales como abogados, contadores y notarios. Esta solicitud podría extenderse incluso a operaciones que no se concretaron, pero que pudieran ser consideradas sospechosas.
“La posibilidad de requerir información a tus abogados, a tus contadores, a los notarios de operaciones inclusive que no se realizaron, que puedan caer dentro de operación sospechosa.”
Otro punto relevante es la acumulación de operaciones dentro de periodos de seis meses, las cuales también podrían estar sujetas a la obligación de ser reportadas. Estas medidas, en conjunto, implican una serie de actividades muy importantes para los ciudadanos, que deberán estar atentos a los detalles de la nueva regulación.