San Raymundo Jalpan, Oax.- A fin de garantizar la seguridad y los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, el Congreso local aprobó un dictamen por el que se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de los 570 Municipios de la entidad a emprender estrategias de información a la ciudadanía sobre el delito de trata de personas, en cuanto a sus modalidades, riesgos y formas de denuncia.
Esta medida legislativa también se extiende a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) para que inicie una campaña institucional en su plataforma de radio, televisión y redes sociales, con los mismos objetivos.
El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil, señala que las autoridades municipales desempeñan un papel fundamental en la difusión de información preventiva y en el fortalecimiento de la cultura de denuncia, al encontrarse en contacto directo con las realidades comunitarias y contar con mecanismos de participación ciudadana cercanos a la población.
De igual manera, la CORTV, como medio público estatal, posee la capacidad técnica y el alcance comunicacional para desarrollar campañas institucionales que alerten sobre las modalidades de captación, los riesgos y las rutas de atención para víctimas.
Con esta estrategia se busca contribuir a romper el silencio que rodea este delito, pues suele mantenerse oculto por miedo, vergüenza o desconocimiento. Al visibilizar el problema, se fomenta una cultura de denuncia y se crea un entorno más propicio para que las víctimas busquen ayuda y para que la sociedad no mire hacia otro lado.
La propuesta fue impulsada por la legisladora Concepción Rueda Gómez del Grupo Parlamentario de Morena, quien destacó que la trata de personas es una de las formas más graves de violación a los derechos humanos en el mundo actual y afecta a millones de personas, especialmente a mujeres, niños y migrantes, quienes son explotados sexual y laboralmente.
Frente a esta realidad, sostuvo, una campaña de información es necesaria, pues es la principal herramienta de prevención, de ahí que el Estado y los municipios prioricen medidas para alertar sobre las estrategias que utilizan los tratantes, como ofertas falsas de trabajo, promesas de estudio o relaciones afectivas simuladas y así poder ayudar a la población a identificar situaciones de peligro.