Exhorto legislativo busca brindar mayor seguridad y asistencia a personas adultas mayores al momento de retirar dinero en cajeros automáticos

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San Raymundo Jalpan, Oax., a 18 de diciembre de 2025.- El Parlamento local aprobó con 34 votos a favor un exhorto dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que, en coordinación con las entidades financieras integrantes del sistema financiero mexicano (instituciones financieras) en el estado, refuercen las medidas de seguridad, de asistencia y acompañamiento físico a las personas adultas mayores al momento que retiren dinero de los cajeros automáticos.

La medida tiene como objetivo atender la problemática relacionada con robos y fraudes que enfrenta este sector de la población al realizar operaciones financieras, particularmente cuando personas externas, bajo el ofrecimiento de ayuda, sustraen recursos económicos. Las limitaciones físicas, así como las dificultades en el uso de tecnologías digitales, colocan a las personas adultas mayores en una situación de vulnerabilidad frente a los sistemas bancarios automatizados, lo que se agrava en días de pago masivo.

El promovente de esta iniciativa, el diputado Francisco Javier Niño Hernández del Grupo Parlamentario de Morena, subrayó la importancia de proteger los ingresos provenientes de pensiones y programas sociales, como la Pensión para el Bienestar, que en 2024 benefició a más de 439 mil personas derechohabientes en Oaxaca.

Destacó que estos recursos son fundamentales para mejorar las condiciones de vida y garantizar el acceso a la protección social de este sector, por lo que resulta indispensable asegurar su retiro en condiciones de seguridad, respeto y dignidad.

La Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil, al emitir el dictamen correspondiente, reconoció que la problemática planteada es de alta relevancia social y carácter urgente, al involucrar la protección de los derechos humanos, la integridad física y el patrimonio económico de las personas adultas mayores.

Asimismo, enfatizó que las instituciones financieras y la autoridad reguladora tienen la obligación de garantizar un trato preferente, libre de discriminación, con personal capacitado y medidas adecuadas de accesibilidad y acompañamiento, a fin de propiciar un entorno seguro que permita a este sector de la población ejercer su autonomía personal, bienestar económico y de esta forma vivir con dignidad.