Puebla, Pue., La crisis ambiental en la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan enfrenta un diagnóstico crítico: más de 4 mil 900 puntos de descarga vierten contaminantes de manera constante a lo largo de 110 kilómetros.
La gran mayoría de estos “focos” de polución no son industriales, sino de origen domiciliario y municipal, reveló Alejandro Isauro Martínez Orozco, comisionado Nacional del Saneamiento del Río Atoyac, durante una conferencia que se efectuó en la comunidad de Juárez Coronaco, municipio de San Matías Tlalancaleca.
El funcionario federal precisó que 95 por ciento de las descargas identificadas provienen de hogares y sistemas municipales; el resto son de la actividad industrial, la cual, aunque menor en volumen, presenta retos legales y de toxicidad más complejos.
El comisionado informó que, en un esfuerzo por revertir el daño, en el primer tramo de intervención del río Atoyac, en las demarcaciones de Tlalancaleca y Tlahuapan, se ha logrado la desincorporación de 319 descargas domiciliarias y cinco de las redes de drenaje locales.
Respecto al sector industrial, Martínez Orozco señaló que se han detectado descargas irregulares que están siendo rastreadas minuciosamente, sobre el cauce del afluente.
Para combatir esta situación, dijo, se trabaja en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante un programa de auditoría ambiental que ya ha derivado en procesos judiciales.
“Hay mucha industria con tomas clandestinas. Nosotros las estamos rastreando bajo la mecánica de Profepa y de Conagua en las visitas de inspección, que para este año serán más de 80”, sentenció.
Planes de inversión e infraestructura
El gobierno federal proyecta en 2026 una inversión de 800 millones de pesos para dar continuidad al saneamiento del segundo tramo del Atoyac, repartidos equitativamente entre Puebla y Tlaxcala.
El plan incluye el impulso a cinco plantas de tratamiento, entre ellas San Juan Cuauhtémoc, Las Flores, Domingo Arenas, Calpan y San Lucas el Grande, así como la realización de 80 nuevas visitas de revisión al sector industrial en seis municipios estratégicos.
Además se busca establecer un centro de monitoreo fijo para el río Atoyac, replicando el modelo que ya se construye en Tlaxcala para el Zahuapan.
A pesar de acuerdos firmados con cámaras industriales –especialmente la textil en Tlaxcala–, Alejandro Isauro Martínez reconoció que la regularización no es total, por lo que el rastreo de contaminadores seguirá siendo una prioridad en la agenda ambiental de 2026.
Por otra parte, la delegada de la Conagua en Puebla, Beatriz Torres Trucios, explicó que algunas empresas utilizan como “puente” la red de drenaje municipal para descargar sus aguas residuales, sin tratamiento previo, al río Atoyac.
Esta práctica, explicó la funcionaria, diluye la responsabilidad directa de las compañías, trasladando la carga legal a los gobiernos locales, quienes están obligados por ley a vigilar lo que entra en su infraestructura.
Torres Trucios expuso que, tras un diagnóstico exhaustivo realizado “paso a paso” a la orilla del río, detectaron que muchas empresas no cuentan con una salida propia hacia el cauce federal, sino que se infiltran en los sistemas locales.
Esta situación genera un problema de supervisión, ya que, al mezclarse con las aguas domésticas, las sustancias tóxicas industriales complican el saneamiento en las plantas municipales, que a menudo no están diseñadas para tratar metales pesados o químicos complejos.
“Cero tolerancia” a la impunidad
A pesar de la complejidad técnica, la delegada de la Conagua fue clara en que ya existen consecuencias legales; confirmó que la vigilancia ha escalado a instancias penales cuando se detecta un daño ambiental irreversible.
“No hay impunidad en este tema. Ya tenemos una empresa en la Fiscalía General de la República (FGR) por descargas al río Atoyac y daño ambiental”, reveló, aunque omitió el nombre de la firma para no entorpecer el debido proceso.
La funcionaria añadió que la recuperación del Atoyac no es sólo un tema de voluntad, pues cumplir con los estándares necesarios se requiere tecnología de punta que pocas compañías están dispuestas a costear, pues se requieren de una inversión millonaria.
Al respecto, hizo un llamado a los ayuntamientos para que hagan valer la NOM-002-Semarnat–1996, norma que regula los contaminantes en los sistemas de alcantarillado urbano.
Bajo esta reglamentación, cualquier industria que desee conectarse al drenaje tiene la obligación de sanear sus residuos hasta niveles que no dañen la red ni el ecosistema receptor final.
Finalmente, destacó que se están firmando convenios con cámaras como la de la Industria Textil para regularizar a las empresas.
El objetivo es crear un frente común donde municipio, estado y Federación trabajen coordinadamente para que el compromiso ambiental deje de ser opcional y se convierta en una realidad operativa.
