Washington y Nueva York. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a representantes de alrededor de 60 gobiernos a una reunión ministerial en la que exhortó a reforzar las acciones de seguridad contra lo que definió como el “terrorismo político de extrema izquierda”. Aunque México recibió invitación para asistir, un vocero del Departamento de Estado confirmó a La Jornada que la representación mexicana no participó. Brasil y Colombia también estuvieron entre las ausencias más relevantes.
Durante la inauguración del encuentro, Rubio sostuvo que la estrategia antiterrorista de Occidente ha ignorado durante años la amenaza que, a su juicio, representa la violencia de la izquierda radical. “Por demasiado tiempo nuestra doctrina contraterrorista ha tenido un punto ciego: la violencia extremista procedente de la izquierda política”, afirmó ante delegaciones de América Latina, Europa y Asia, entre ellas las de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la posibilidad de considerar al extremismo de izquierda como un riesgo serio suele ser desestimada en ámbitos políticos, académicos y mediáticos. En su discurso sostuvo que este tipo de violencia ha sido “la forma dominante de la violencia política” durante buena parte de la era moderna.
Para respaldar esa afirmación, Rubio hizo un recuento de organizaciones armadas y movimientos insurgentes de distintas décadas, entre ellos los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros en Argentina, las FARC y el ELN en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, así como las Brigadas Rojas en Italia, la Fracción del Ejército Rojo (Baader-Meinhof) en Alemania y el grupo 17 de Noviembre en Grecia. También aludió a los campos de entrenamiento impulsados por el gobierno de Fidel Castro durante la Guerra Fría.
El funcionario argumentó que, pese a adoptar distintas banderas ideológicas —como el comunismo, el anarquismo, el marxismo o el antiimperialismo—, la izquierda radical comparte un mismo propósito: atacar las bases de la civilización occidental. Según Rubio, detrás de los discursos sobre igualdad y liberación existe un resentimiento cuyo objetivo final es destruir el orden establecido.
Asimismo, aseguró que entre 1970 y 1980 el 93 por ciento de los atentados terroristas registrados en Occidente fueron cometidos por grupos de extrema izquierda, aunque durante su intervención no presentó la fuente de esa estadística.
Esa afirmación contrasta con un informe elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual concluyó que desde 1990 los extremistas de derecha han perpetrado más homicidios con motivación ideológica que los grupos de extrema izquierda o los extremistas islamistas. Dicho documento fue retirado del portal oficial de esa dependencia en septiembre del año pasado.
En paralelo al encuentro, el principal legislador demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, junto con otros diez congresistas, envió una carta a Rubio para expresar su preocupación por lo que consideran un intento de politizar la política antiterrorista estadounidense. Los legisladores cuestionaron que el Departamento de Estado priorice el extremismo de izquierda sin presentar evidencia suficiente que justifique ese cambio de enfoque.
La reunión también contó con la participación de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales asesores del presidente Donald Trump. Miller afirmó que el gobierno estadounidense busca fortalecer la cooperación internacional para enfrentar a organizaciones de izquierda, al tiempo que intensifica las acciones contra grupos considerados extremistas dentro del propio país.
El funcionario sostuvo que las agencias de seguridad e inteligencia trabajan de manera coordinada para identificar, desarticular, detener y procesar a quienes calificó como “terroristas políticos”. Según dijo, el objetivo último de estos grupos sería derrocar el sistema político estadounidense.
Miller señaló particularmente a colectivos identificados con el movimiento “antifa”. Como ha informado La Jornada, la administración Trump emitió el año pasado una orden ejecutiva que incluyó a “antifa” dentro de la categoría de organización terrorista doméstica. Sin embargo, especialistas han señalado que no existe una estructura única con ese nombre, sino redes descentralizadas de grupos y activistas antifascistas.
El asesor presidencial también responsabilizó a organizaciones de izquierda de promover ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), asegurando que las agresiones contra ese personal aumentaron más de 8 mil por ciento. Afirmó que esos hechos forman parte de una “insurrección organizada y financiada” contra el gobierno federal y calificó a la izquierda radical como “un cáncer letal para la civilización”.
El único funcionario que introdujo un matiz respecto a las libertades civiles fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien recordó que cualquier actuación gubernamental debe respetar las garantías constitucionales. Indicó que las investigaciones y sanciones del Departamento del Tesoro estarán dirigidas a conductas presuntamente ilícitas y no a las creencias o afiliaciones ideológicas de las personas.
En conjunto, la reunión reflejó el giro que la administración Trump busca imprimir a su estrategia de seguridad nacional: desplazar el énfasis que durante dos décadas se concentró en el terrorismo islamista hacia una política enfocada en combatir lo que define como terrorismo de extrema izquierda, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Como parte de las medidas anunciadas al cierre del encuentro, el gobierno estadounidense informó que impondrá nuevas restricciones de visa a extranjeros que sean considerados integrantes o colaboradores de organizaciones clasificadas como “terroristas de extrema izquierda” o de otros grupos afines.
