El gasto social registró “un repunte significativo” desde 2019, al pasar de 0.6 a 2.5 por ciento del PIB el año pasado, en contraste con el monto destinado en las tres décadas recientes, cuando el promedio fue de 0.3 por ciento, informó el gobierno federal a la Cámara de Diputados, como parte de las respuestas a las preguntas parlamentarias.
Además, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), detalló que el sexenio pasado se destinaron en conjunto 2.7 billones de pesos a programas sociales, mientras que para este año los legisladores autorizaron 900 mil millones y en 2027 se prevé que sea poco más de un billón.
En el reporte, que responde a preguntas del primer Informe presidencial, el gobierno federal definió que la asignación de fondos a programas sociales “responde a una decisión deliberada de política pública: fortalecer el ingreso de los hogares como condición para el ejercicio efectivo de otros derechos”.
De esta manera, señaló, del presupuesto de 850 mil millones de pesos aprobados el año pasado para estos programas, 640 mil millones se concentraron en becas y pensiones, lo que significa casi 75 por ciento. Este enfoque responde a que se trata de “instrumentos que han demostrado ser la vía más eficaz para reducir desigualdades, proteger a las infancias, sostener los cuidados y mejorar las condiciones de vida de millones de familias”.
Apuntó que el esfuerzo fiscal de destinar cada vez más recursos a esos fines “se ha traducido en mejoras sustantivas en los ingresos de los hogares, reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad.
Apuntó incluso que desde 2019 la inversión social ha adquirido un papel central en la agenda nacional, con un crecimiento real promedio de 26 por ciento anual entre 2019 y 2024, “muy por encima de lo observado en administraciones anteriores”.
Para el cierre de 2025, dijo, se estimó que la inversión social continuaba en crecimiento, y que sólo en ese ejercicio el monto destinado a los apoyos a la población tuvo un avance aproximado de 72 por ciento respecto a los seis años anteriores, lo cual “consolidó una tendencia sostenida que confirma que el bienestar es una política de Estado orientada a garantizar derechos, fortalecer la vida comunitaria y hacer irreversibles las conquistas del pueblo”.
El Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030 “reafirma que la transformación del país sólo es posible si se coloca al bienestar como eje estructural del desarrollo nacional y no como una política complementaria”.
