El primer año del actual gobierno estuvo marcado por un esfuerzo explícito de consolidación fiscal en un entorno económico particularmente adverso. Al final, no se logró controlar el déficit público en los términos originalmente previstos, pese a la contención del gasto y a una mayor recaudación. Dos factores explican este resultado. El primero fue un menor dinamismo de la economía: mientras la Secretaría de Hacienda estimaba un crecimiento de 2.5% para 2025, la actividad económica avanzó apenas 0.7%, lo que redujo la base sobre la cual se financian las finanzas públicas. El segundo factor —que presionó de manera significativa el balance fiscal— fueron las transferencias a Pemex muy por encima de lo aprobado.
Como resultado de mayores apoyos a Pemex, la Secretaría de Energía sobrepasó su presupuesto en 189%, equivalente a 262.4 mil millones de pesos (mmdp). Para dimensionar, este sobreejercicio es 4.3 veces el presupuesto total de la Secretaría de Salud en 2025, que fue de 60 mmdp.
En este contexto, el endeudamiento neto anual del sector público —medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)— cerró en 4.8% del producto interno bruto (PIB), por encima del 3.9% estimado al inicio del ejercicio. Aunque este déficit fue menor al observado en 2024, siguió siendo uno de los más elevados desde la crisis financiera de 2008 y superó la meta de endeudamiento aprobada.
Esfuerzo recaudatorio
Frente a este escenario, uno de los principales aciertos fue el esfuerzo por fortalecer los ingresos públicos. La recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 5.3 billones de pesos, con un crecimiento real de 4.1% respecto a 2024, impulsado principalmente por el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). Además, la recaudación superó en 1% lo programado, una señal positiva de fortalecimiento de la capacidad fiscal del Estado y de avances en la eficiencia recaudatoria.
Esta eficiencia amortiguó el impacto del ajuste sobre el gasto social, en un intento por evitar retrocesos más profundos en el ejercicio de los derechos sociales. En un entorno de restricciones fiscales, se combatió el rezago en áreas clave para el bienestar cotidiano de la población: el gasto en Estado de derecho fue 13.8% superior a lo aprobado; salud rebasó su meta anual en 8.3%; ciencia y tecnología en 9%; y educación cumplió su programa, con un ligero sobreejercicio.
El efecto de Pemex en el balance
No obstante, el costo más visible del ajuste fiscal se concentró en la inversión pública en infraestructura, que se utilizó como principal variable de ajuste. La inversión física cerró 10.4% por debajo de lo programado y cayó a 770 mmdp, su nivel más bajo desde 2007, con un recorte interanual de 28.4%, el mayor registrado desde 1991. En la práctica, se intentó reducir el déficit sacrificando inversión productiva. Sin embargo, esto compromete el crecimiento económico y la provisión futura de bienes públicos.
Este comportamiento debilitó aún más la llamada regla de oro del endeudamiento, según la cual debería destinarse, al menos, la misma cantidad de la deuda adquirida para financiar inversión. En 2025, por cada peso adicional de deuda, sólo se invirtieron 45 centavos. A diferencia del gasto corriente, la inversión pública es un componente central para garantizar el desarrollo económico, al sentar las bases de infraestructura en salud, educación, transporte, energía y agua.
Aunque los ingresos del Gobierno Federal superaron lo esperado en términos brutos, resultaron 5.5% inferiores a lo previsto al descontar las transferencias a Pemex. En el caso de la empresa petrolera, los datos confirman la enorme presión que ejerce sobre las finanzas públicas: Pemex aportó 240 mmdp a la Federación, pero recibió 396 mmdp en transferencias, lo que implicó una pérdida neta de 156 mmdp para el Estado. Por primera vez en un cierre anual, la ciudadanía terminó subsidiando a la petrolera.
En paralelo, el saldo de la deuda pública alcanzó 18.7 billones de pesos, equivalente a 53.1% del PIB, su nivel más alto en 25 años. Su costo financiero ascendió a 1.31 billones de pesos, también un máximo histórico, con un crecimiento real cercano al 10% respecto a 2024. Esto reduce el espacio fiscal disponible para atender prioridades sociales y productivas en los próximos años.
Con información de México Evalua
