Oaxaca, Oax.— Representantes de 13 comunidades de las regiones de Ocotlán y Ejutla se manifestaron este miércoles frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la ciudad de Oaxaca, para expresar su rechazo a una posible ampliación de las actividades de la minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, Ocotlán.
Los representantes comunitarios, agrupados en el denominado Frente de No a la Minería, solicitaron a la dependencia federal información sobre el proyecto de ampliación y exigieron que no se autoricen nuevos permisos para la empresa.
Durante la protesta, autoridades municipales y comunales señalaron que las actividades mineras han generado afectaciones ambientales en la zona, particularmente en fuentes de agua que abastecen a comunidades cercanas.
Los manifestantes también atribuyeron a la actividad minera posibles afectaciones a la salud de habitantes de las poblaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto. Estas afirmaciones forman parte de los reclamos planteados por las comunidades y deberán ser determinadas mediante estudios y procedimientos de las autoridades competentes.
Entre sus principales demandas, los representantes comunitarios solicitaron a la Semarnat transparentar la información relacionada con el nuevo proyecto de ampliación y conocer el estado que guardan las autorizaciones ambientales otorgadas a la empresa.
Asimismo, pidieron cancelar cualquier autorización de impacto ambiental que consideren que pueda representar un riesgo para los recursos naturales y las comunidades de la región.
La movilización ocurre en un contexto de oposición comunitaria que desde hace años ha acompañado las actividades de la minera Cuzcatlán en San José del Progreso. Los habitantes inconformes han cuestionado particularmente los posibles efectos de la explotación minera sobre el agua, el territorio y la salud de las poblaciones.
Los representantes de las 13 comunidades insistieron en que cualquier decisión relacionada con nuevos proyectos o ampliaciones debe considerar la participación de las comunidades y garantizar el acceso a información ambiental completa.
Por su parte, corresponderá a las autoridades ambientales federales determinar, con base en los estudios técnicos, jurídicos y ambientales correspondientes, si el proyecto cumple con la legislación vigente y si existen condiciones para otorgar o negar las autorizaciones solicitadas.
