Cientos de pobladores de 17 comunidades exigieron respeto a sus derechos agrarios y denunciaron amenazas de desalojo por parte de comuneros de localidades ubicadas en territorio oaxaqueño.
San Cristóbal de Las Casas, Chis.— Cientos de pobladores de 17 comunidades de la zona noroeste de Cintalapa marcharon este miércoles por las calles de la cabecera municipal para exigir respeto a sus derechos agrarios y advertir que no permitirán ser desalojados de las tierras que, aseguran, han ocupado durante más de seis décadas.
Los manifestantes, integrantes del Consejo Regional de la zona Noroeste de Cintalapa, se concentraron en el parque Bicentenario y posteriormente avanzaron hacia la plaza central, donde, frente a la alcaldía, dieron lectura a un comunicado en el que denunciaron amenazas y presiones de comuneros de la región de Los Chimalapas.
Los pobladores señalaron que las comunidades han sido acusadas de encontrarse asentadas en tierras pertenecientes a los comuneros chimalapas, situación que, afirmaron, ha derivado en amenazas, intentos de desalojo y hechos violentos registrados en años anteriores.
“La acusación de los comuneros chimalapas diciendo que nos encontramos en sus tierras ha significado amenazas, desalojos y quema de clínicas, edificios públicos y hasta muertos”, señalaron, al tiempo que acusaron que las imputaciones en su contra se han sustentado en testimonios que consideran falsos y sin pruebas sólidas.
Durante la movilización, los habitantes portaron pancartas y matas con mensajes alusivos a la defensa de sus derechos agrarios y territoriales.
En su pronunciamiento, aseguraron que ante las amenazas han recurrido a tribunales federales y a distintas instancias del gobierno estatal y federal en busca de protección. Sin embargo, afirmaron que no han encontrado una respuesta satisfactoria pese a haber participado en audiencias ante la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otras autoridades.
Los pobladores señalaron que el conflicto se agravó a partir de la resolución de la SCJN emitida en 2012, relacionada con los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca. De acuerdo con su interpretación, el fallo estableció que las tierras que han ocupado durante más de 60 años se encuentran dentro del territorio oaxaqueño, pese a que sus comunidades se han considerado históricamente parte de Chiapas.
Los habitantes sostuvieron que cuentan con documentos legales, entre ellos resoluciones presidenciales y carpetas básicas, que, aseguran, respaldan sus derechos agrarios sobre las tierras.
“Este camino hacia la seguridad en la tenencia de la tierra y en lograr algunos apoyos en infraestructura se convirtió en una trampa cruel”, expresaron, al señalar que desde la resolución de 2012 no han encontrado una solución definitiva a sus demandas.
También denunciaron que, pese a haber obtenido resoluciones agrarias que consideran favorables, nuevamente enfrentan amenazas de desalojo y posibles actos de violencia.
Los integrantes del Consejo Regional advirtieron que no aceptarán el desalojo de sus comunidades y llamaron a la población a mantenerse unida para defender sus derechos agrarios y humanos.
“Hoy estamos ante un nuevo reto: las amenazas de sumarnos a Chimalapas como comuneros y disolver voluntariamente nuestros ejidos o nos desalojarán”, señalaron.
El conflicto forma parte de una disputa territorial y agraria que se ha prolongado durante décadas en la región limítrofe entre Chiapas y Oaxaca, particularmente en la zona de Los Chimalapas, donde comunidades de ambos estados mantienen diferencias sobre la propiedad y posesión de diversas tierras.
Los pobladores de la zona noroeste de Cintalapa insistieron en que buscan una solución institucional que garantice su permanencia en las comunidades y el respeto a sus derechos agrarios, así como el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda e infraestructura.
