La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó con más de 185 millones de pesos a CI Banco, Intercam y Vector Casa Bolsa, instituciones financieras señaladas hace unas semanas por lavado de dinero por el Gobierno de Estados Unidos.
En su actualización de sanciones correspondientes al mes de julio, la CNBV sancionó a Intercam con 26 multas: 16 al banco y 10 más a su casa de bolsa, por una cifra de 92 millones de pesos.
CI Banco tuvo un total de 21 multas por una cantidad superior a los 66 millones de pesos, mientras que a Vector Casa de Bolsa se le aplicaron seis sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló a finales de junio por lavado de dinero a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Sin embargo, hace una semana EE.UU. anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con las tres instituciones financieras mexicanas.
Tras la decisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó al diálogo y la colaboración con autoridades financieras estadounidenses la extensión del veto hacia las instituciones financieras mexicanas.
Desde antes, la SHCP asumió la gestión temporal de las tres entidades, escindió el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam y dio inicio a su transferencia a instituciones de la banca de desarrollo.
Con estas medidas, el Gobierno mexicano y el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) buscan reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a usuarios y participantes del sistema financiero.
Después de estas decisiones, tanto Moody’s como HR Ratings valoraron positivamente la estrategia del Gobierno mexicano.
Moody’s subrayó que la escisión del negocio fiduciario y su traslado a instituciones solventes mitigan riesgos operativos, particularmente en emisiones estructuradas y subnacionales donde CIBanco tenía una alta participación como fiduciario.
Por su parte, HR Ratings consideró que la decisión asegura la continuidad operativa de los fideicomisos, limita la exposición del sistema financiero y evita disrupciones en los flujos de inversión.
