De 225 asesinatos en México de defensores de derechos humanos como Sandra Domínguez de 2018 a la fecha, al menos 58 casos son de activistas originarios de Oaxaca, documenta organización.
El asesinato de la activista y abogada mixe Sandra Domínguez junto con su esposo Alexander Hernández, evidencia la crisis de violencia que se vive en Oaxaca y se suma a otros casos de agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas que han sucedido en los últimos años en ese estado.
Desde diciembre de 2018, Oaxaca ha registrado un alarmante número de agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, de acuerdo con un informe de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa). Un total de 58 personas defensoras han sido asesinadas y seis han desaparecido en el estado.
El proyecto “Alas y Raíces” de Educa mantiene un registro de estos casos y revela que, de las 225 personas defensoras asesinadas en México en los últimos 7 años, 58 eran originarias de Oaxaca.
De los 58 casos de homicidios de activistas originarios de Oaxaca, 27 de las víctimas eran de la región de la Mixteca, 11 de la Costa, nueve de la Sierra Sur, siete del Istmo, y dos de Valles Centrales y la Cuenca, respectivamente.
Los derechos vulnerados con más frecuencia son los políticos y aquellos relacionados con la defensa de la tierra y el territorio.
Los casos más recientes: el crimen contra las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García
Adriana y Virginia Ortiz García eran hermanas y defensoras de Derechos Humanos de la comunidad triqui. Ambas pertenecían al colectivo Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Ellas denunciaban el despojo de territorio y robo de recursos naturales de la comunidad, además, impulsaron la búsqueda de dos de sus primas que fueron desaparecidas en 2007.
La madrugada del 6 de noviembre de 2024 fueron asesinadas a tiros por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Tras el asesinato, integrantes del MULT se reunieron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir el esclarecimiento del homicidio de las hermanas, pues aseguran que la muerte de ambas fue motivado por su labor como activistas.
El caso llegó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien prometió una investigación exhaustiva y acompañamiento legal y psicológico para las personas afectadas directamente por el asesinato de Adriana y Virginia, sin embargo, hasta la fecha no ha habido ningún avance en la investigación. Emelia Ortiz, otra de las hermanas, denunció el pasado 24 de abril que ha estado siendo hostigada y perseguida por buscar justicia por el asesinado de sus hermanas.
Ambientalista asesinado en Oaxaca
Cristino Castro Perea fue un ambientalista que fundó el Colectivo de Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz, agrupación que tenía como objetivo principal defender las playas de los grupos empresariales que pretendían asentarse en la zona, además de ser un promotor del deporte en su comunidad.
En 2022, un grupo de personas no identificadas llegó a la comunidad con máquinas para la construcción de manglares, sin embargo, el colectivo de Perea no lo permitió, y para 2023, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador catalogó a la comunidad de Ibarra de la Cruz como un área natural protegida, en la categoría de santuario.
Pese a estar incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Cristino Castro Perea fue asesinado a tiros el 28 de febrero de 2025 por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, mientras él se encontraba en el kiosco de la comunidad. Hasta el momento, su asesinato permanece impune.
Defensores del Istmo y opositores al Interoceánico
Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, eran integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Denunciaron amenazas derivadas de su oposición al megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un desarrollo que, según activistas, ha provocado un aumento en las agresiones contra defensores del territorio.
Este megaproyecto es conocido por ser una obra prioritaria del Gobierno mexicano que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante la modernización de infraestructura ferroviaria, portuaria y de parques industriales en Oaxaca y Veracruz.
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Los tres hombres fueron emboscados y asesinados a tiros mientras viajaban en una camioneta a la altura de Río del Sol, en Santo Domingo Petapa, el pasado 13 de febrero. Pese a que diversas organizaciones han exigido el esclarecimiento de los hechos y el alto a la violencia contra activistas y defensores de Derechos Humanos, el caso permanece impune y el proyecto sigue en curso.
“A Sandra la desapareció y asesinó el crimen organizado”
Tras el hallazgo de los cuerpos de Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, el activista mixe Joaquín Galván señaló al crimen organizado como el responsable de la desaparición y asesinato de ambos.
Galván condenó la muerte de su compañera defensora de Derechos Humanos, Sandra Domínguez, y aseguró que el crimen organizado y funcionarios del estado han encontrado en la desaparición forzada una manera de ejercer control y poder sobre las personas que consideran enemigos en común, de acuerdo con un comunicado.
“Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Domínguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que lo facilitó”, condenó.
Además, aseguró que el gobierno del estado de Oaxaca criminalizó al esposo de Sandra e ignoró por completo a las personas que la activista ya había denunciado, como al funcionario Donato Vargas, del cual se desconoce su paradero.
“No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial”, finalizó en su comunicado.
¿Quién fue Sandra Domínguez?
La abogada de 38 años de edad se había enfrentado a funcionarios locales en defensa de los derechos humanos y había sido amenazada.
En los últimos cinco años, denunció la existencia de chats en los que funcionarios del gobierno de Oaxaca y federales compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas, entre ellos el coordinador de delegados de la Paz Social, Donato Vargas Jiménez.
Sandra se dedicó a acompañar casos de mujeres desaparecidas, junto con su compañero Joaquín, como Zayra Leticia Morales Loyola, joven que desapareció en octubre de 2020 en Huajuapan.
Sandra también litigó otros casos en Oaxaca, como el feminicidio disfrazado de suicidio de Fanny Guadalupe López Nolasco y el caso de suplantación de identidad de Pijy, una joven indígena que fue violada.
Con información de Animal Político
