CIUDAD DE MÉXICO.— La propuesta para regular los derechos de las audiencias en México ha encendido los focos rojos en el gremio periodístico y desatado un ríspido enfrentamiento legislativo. La organización internacional Artículo 19 advirtió sobre un inminente riesgo de autocensura al cuestionar quién asumirá la facultad estatal de determinar lo que es verdadero o falso, mientras que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la oposición y el partido oficialista choque por el alcance de esta medida.
Advertencia sobre el libre ejercicio periodístico
La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, manifestó su profunda preocupación ante el avance de los lineamientos sobre derechos de las audiencias. Según la agrupación, la pretensión de establecer criterios oficiales para evaluar la veracidad periodística puede generar un peligroso efecto inhibitorio entre reporteros y medios de comunicación. El organismo alertó que otorgar a una autoridad el poder de arbitrar la verdad periodística vulnera los principios de pluralidad y abre la puerta a mecanismos indirectos de censura.
Gobierno y Morena rechazan señalamientos de censura
En respuesta a las críticas, representantes de la cuarta transformación salieron en defensa del marco regulatorio. La senadora Laura Itzel Castillo rechazó categóricamente que se trate de un intento de censura, sosteniendo que el espíritu de los lineamientos es tutelar el derecho de la ciudadanía a recibir información verificada y de calidad. Por su parte, la dirigencia de Morena, a través de Luisa María Alcalde, puntualizó que las reglas en debate no pretenden restringir la labor de la prensa ni someter a control punitivo a los medios de información.
Ruptura en la Permanente: exigen aplicar reglas a ‘las mañaneras’
El conflicto político escaló durante el debate en la Comisión Permanente, donde las bancadas del PRI y del PAN confrontaron a la mayoría parlamentaria de Morena. Los partidos de oposición calificaron la consulta pública sobre el tema como una simulación y exigieron que, en caso de aprobarse estos lineamientos sobre veracidad informativa, se apliquen de manera rigurosa e inmediata a las conferencias matutinas del Poder Ejecutivo, argumentando que el propio gobierno no debe quedar exento del escrutinio y la regulación que pretende imponer al resto de los emisores.
