Salina Cruz, Oaxaca. El presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, impulsa la municipalización del cobro de servicios de tránsito y vialidad, al aprobar en sesión de Cabildo el llamado “Reglamento de Vialidad y Transporte para el Municipio de Salina Cruz”, sin contar con la autorización previa del Congreso del Estado, como exige la ley.
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo reglamento —establecido en los artículos 64 y 65— es que el servicio de arrastre vehicular (grúas) pasaría a manos del propio municipio, el cual ya se prepara para habilitar su propio encierro o corralón.
Esto abre la puerta a un esquema de recaudación directa que, más que ordenar, podría convertirse en una fuente de ingresos discrecional.
El artículo 66 del reglamento establece textualmente: “Para las operaciones de arrastre de vehículos en el Municipio de Salina Cruz, se estará a lo que disponga el presente reglamento y el Reglamento de Corralón y Encierro Vehicular para el Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, así como las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas complementarias emitidas por las autoridades estatales”.
Sin embargo, fuentes extraoficiales afirman que ya se adquirieron grúas municipales, lo que sugiere una intención anticipada de operar bajo este nuevo esquema sin el respaldo legal correspondiente.
Aquí surge una grave inconsistencia legal, ningún municipio en Oaxaca puede aplicar un reglamento de tránsito sin la aprobación del Congreso del Estado. La legislación en esta materia es de competencia estatal, por lo que los municipios están obligados a adecuarse a ella y no pueden legislar de forma paralela. Lo hecho por el Cabildo de Salina Cruz representa, por tanto, una posible extralimitación de facultades.
Otro punto cuestionable es la falta de infraestructura y preparación institucional para asumir esta nueva responsabilidad. El municipio no cuenta con concesiones legales, ni con personal de tránsito debidamente acreditado y capacitado, como exigen las normas técnicas. La operación de grúas, sin esos requisitos, podría representar un riesgo jurídico, operativo y social.
Llama la atención que este reglamento haya sido aprobado por unanimidad, incluso con el respaldo de regidores de oposición pertenecientes a partidos como Morena y Nueva Alianza, tales como Juana Beatriz Velasco Salazar, Taret León Maciel, Diana Ramos López y Salvador García Ramos.
La pregunta sería ¿Hubo análisis legal? ¿Conocen los regidores las implicaciones jurídicas de su voto? El Cabildo parece más enfocado en habilitar mecanismos de recaudación que en respetar los marcos legales vigentes.
